Continúa el conflicto entre las locatarias de las cocinerías de la primera de playa de Constitución y el alcalde de la comuna, Fabián Pérez.
Ello, debido al desalojo que deberán sufrir las 16 familias y 200 trabajadores ante el avance de la licitación de la nueva Costanera que tiene un costo de cinco mil millones de pesos.
Durante este martes se generó una protesta en el lugar ante la presencia de funcionarios municipales ejecutando labores en los baños del sector que generó la molestia del gremio gastronómico, quienes se reunieron nuevamente con el alcalde durante este miércoles sin llegar a ningún acuerdo.
“Él está empecinado en su propuesta de caros para nosotros que son muy pequeños para trabajar como cocinerías que además no está permitido y que tendremos que arrendar. Nosotros no vamos a aceptar esa propuesta porque queremos que se mantenga la concesión marítima tal cómo está donde se contempla un patio de comida en el lugar donde estamos”, dijo a Atentos Chile la presidenta de las locatarias, Mitzy Vilos.
La dirigenta agregó que “es inhumana la decisión del desalojo, pasamos dos años de pandemia sin poder trabajar y ahora que estamos con gente se nos quiere sacar de acá, es inhumano además en el contexto económico que está el país, esperamos que las autoridades regionales no hagan oídos sordos y vengan a Constitución para crear una mesa y encontrar una solución”.
“Mal manejo”
Desde el municipio, el concejal Rodrigo Veloso, respondió a un comunicado de prensa del alcalde Fabián Pérez quien acusó “oportunismo” político e incentivación a la manifestación con barricadas.
“Descartó completamente lo que dijo el alcalde en un comunicado, no hubo participación nuestra en la manifestación más allá de ir a dar la cara por una situación que se generó por mal manejo político al enviar a funcionarios públicos a medir los baños cuando se dijo en reunión del lunes que sería en octubre. Eso generó la tensión aún mayor”.
El edil agregó que “hay inflación y una situación compleja en el país que se suma a lo mal que los han pasado en el sector gastronómico y además se ha generado una suerte de desigualdad en los desalojos que se sabe de la Toma VIP donde siguen funcionando y acá por ser de condiciones sociales distintas no se entiende”.
Las locatarias anunciaron nuevas movilizaciones e insistieron en la presencia de autoridades de la Gobernación Regional del Maule y Delegación Presidencial.
