Días cruciales viven los universitarios chilenos Felipe Osiadacz y Fernando Candia, quienes el próximo 29 de mayo enfrentarán un juicio en Malasia por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre en ese país y que de ser hallados culpables podrían ser ahorcados.
En una noche de agosto de 2017, los jóvenes de no más de 25 años, protagonizaron un confuso incidente que los tiene presos hace más de siete meses en la cárcel de Sungai Buloh en la capital Kuala Lumpur, el complejo penitenciario más grande de ese país asiático.
Las familias no han querido hablar públicamente por temor a las repercusiones que las apariciones en la prensa puedan traer para la suerte judicial de sus hijos.“Ellos están destrozados y cualquier declaración podría ser fatal”, dijo un cercano, aunque desde que ocurrió el hecho la Cancillería les ha prestado asistencia a nivel consular.
Según los antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, la situación se produjo cuando Felipe y Fernando llegaron a Malasia desde Nueva Zelanda, donde se encontraban trabajando en el programa Working Holiday.
Felices en Kuala Lumpur, los amigos fueron a un bar cercano y volvieron de madrugada al hotel. Apenas suben al ascensor para ir a su habitación, se produce una fuerte discusión con un hombre que acompañaba a una mujer.
En ese momento, uno de los chilenos logra reducir al malayo con una llave de fuerza, sujetándolo con fuerza sobre el suelo, instante en el tipo sufre un paro cardiorrespiratorio que termina con su vida.
Macarena Candia, prima de Fernando, explicó a través de una de sus redes sociales, que el incidente ocurrió en el mismo día en que los estudiantes llegaron a ese país.
“Uno de sus amigos fue atacado por un hombre de ese país que se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Mi primo y otro amigo defendieron a su compañero y al inmovilizar al atacante le dio un paro cardíaco”, explicó la joven, que solicitó su pronto regreso.
Quien conoció de primera mano el relato fue el senador RN Francisco Chahuán, a quien el padre de Felipe también recurrió en busca de ayuda, pues es representante de su zona en el Congreso.
El parlamentario contó que según la historia, a los jóvenes “los venía siguiendo una persona al hotel. Logran entrar al ascensor, y finalmente se produce un forcejeo y mientras piden a la persona de recepción que llame a la policía, lo tienen sostenido y finalmente termina asfixiado”.
“No se han respetado las garantías procesales. Han estado privados de libertad siete meses en condiciones de precariedad y, además, se va a iniciar un juicio. Por lo menos, de los testimonios en que he recibido del padre, me señalan que existe un video del lugar en el que se habría producido la muerte, y ellos habrían actuado en legítima defensa”, explicó el legislador.
Chahuán precisó que “hasta ahora sólo hemos tenido compromisos de buena voluntad, pero los padres sienten que acá no ha habido una adecuada defensa de los chilenos en Malasia”.
EL PROBLEMA ES LA LEY MALASIA
Entendidos en la materia explicaron que el principal problema es la legislación malaya, que prácticamente no hace diferencia entre un cuasidelito de homicidio y un acto con premeditación.
De hecho, es tal el rigor con que aplican la Arabic Law en Malasia, que las autoridades han tipificado incluso el tráfico de droga con pena de muerte. Ejemplo de ello es que lo que le ocurrió al boliviano Víctor Eduardo Parada, de 30 años, tras ser detenido por tráfico de drogas fue condenado a la horca.
Las salidas para los jóvenes serían por dos vías, la diplomática y la judicial.
“La primera posibilidad que siempre se busca agotar en esta materia es la de la cooperación política, diplomática, bilateral y multilateral para tratar de esclarecer el hecho con total respeto a los procedimientos y a la ley interna del lugar en que ocurrió el hecho, con total deferencia a su jurisdicción y cultura”, señaló al diario el abogado Juan Carlos Manríquez, especialista en derecho penal internacional.
“Luego, se pasa a tratar de congeniar sistemas legales y posibles soluciones más proporcionadas y humanitarias según el caso concreto, recurriendo a posibles precedentes en un contexto de armonización de sistemas jurídicos”, añadió el experto, quien conoció el caso antes que saliera a la luz pública.
Respecto de la segunda alternativa, indicó que en caso que eventualmente se detecte un riesgo potencial grave respecto de que las bases comunes al debido proceso entre un sistema judicial y otro, para confirmar o descartar si podrían estar en riesgo para esos justiciables sus derechos humanos, y en ese caso habría que recurrir a la comunidad internacional y a los órganos jurisdiccionales”, agregó el jurista.
Por lo mismo un primer paso para las autoridades diplomáticas de Chile sería acudir vía la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (como ha ocurrido en un caso que vinculó a Corea del Sur y Malasia hace poco, a propuesta de la Presidenta de la Corte Penal Internacional) para luego solicitar una especie de amparo internacional.
Las posibles sedes internacionales podrían ser varias y habría que agotarlas todas, incluso por medio del Tribunal Penal Internacional (TPI).
El director de Asuntos Consulares de la Cancillería dijo el jueves que desde agosto de 2017, cuando ocurrieron los hechos, se les ha prestado asistencia a ambos jóvenes.
