Este miércoles comenzará el juicio oral del denominado caso SQM, en donde figuran como imputados el exgerente general de la empresa, Patricio Contesse, y los excandidatos presidenciales, Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.
El caso Soquimich (SQM) está alcanzando sus últimas fases. Este miércoles comenzará el juicio oral donde entre sus acusados figuran los excandidatos presidenciales Pablo Longueira, de la UDI y Marco Enríquez-Ominami, del PRO.
Entre los delitos que se le imputan a los ocho acusados que se encuentran en esta instancia judicial, están los cargos de soborno, cohecho y delitos tributarios, debido a que la gran mayoría de personajes reconocidos zafaron de enfrentar esta etapa gracias a procedimientos abreviados.
Los hechos perseguidos inicialmente por Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso, hoy se encuentran en manos de su sucesora, Claudia Perivancich.
Durante el transcurso del caso desde el ente persecutor se apuntó a la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) para comenzar una persecución penal a los acusados.
La fiscalía ha pedido 818 días de presidio y multas por cohecho para Longueira, y 4 años de cárcel para Enríquez-Ominami por delitos tributarios. Alejandro Espinoza, abogado del exsenador de la UDI, manifestó que ningún peso llegó a los bolsillos de su representado, ni de su familia, ni del propio partido gremialista.
Por otro lado, Ciro Colombara, que representa a Marco Enríquez-Ominami, calificó de insólito que no tener aún en sus manos el auto de apertura, afirmando con esto que se han vulnerado las garantías de su representado.
Además, uno de los querellantes, el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía Inteligente, Octavio del Favero indicó que este caso será la primera prueba de fuego del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia.
«Para mejorar un poco más el balance de impunidad que ha habido hasta ahora en la mayoría de causas de financiamiento irregular de la política y corrupción en Chile, es también la primera prueba de fuego del fiscal nacional, y demostrar el compromiso en la persecución de delitos que comprometen la fe pública, y que hasta el día de hoy benefician a una de las empresas más grandes del país», indicó del Favero.
