La noche de este jueves, Reportajes T13 mostró el informe de 101 páginas con el que la Fiscalía solicita el desafuero de la diputada Catalina Pérez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, con el fin de avanzar en su formalización por el delito de fraude al Fisco en calidad de autora, en el marco del bullado Caso Democracia Viva.
Los convenios de Democracia Viva, firmados entre Andrade- quien en ese momento era pareja de la diputada- y el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, permitieron el traspaso de un total de 426 millones de pesos.
Sin embargo, la Fiscalía ha descubierto una serie de conversaciones que ponen a Pérez en el centro de la investigación y la sitúan al borde del desafuero.
En junio de 2023 la diputada Pérez declaró que «no tenía absolutamente ningún conocimiento de la firma de este convenio, sus características, montos, momentos y lugar de ejecución».
Así, los mensajes entre la diputada y Andrade, fechados en 2022 y 2023 en los inicios del convenio, son cruciales para la investigación penal, pues podrían esclarecer el nivel de conocimiento que tenía Pérez sobre las ilegalidades cometidas.
Cabe señalar que los chats se dieron a conocer dos días después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria en el marco del caso Democracia Viva y de que se anunciara la participación del CDE en la audiencia de desafuero solicitada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, prevista para febrero del 2025.
A continuación, los intercambios entre la diputada y Andrade, en los que se refieren a la búsqueda de trabajo de Andrade en el sector público.
Catalina Pérez: Oye pero acepta todoooo.
Daniel Andrade: Tú crees que es mejor el MOP? Siento que el MOP me da más tiempo.
Catalina Pérez: Pero si creo que podrías hacer una asesoría y estar en el MOP, o no?
Daniel Andrade: Del MOP me dijeron que podía hacer asesorías por fuera, así que lo de la PAC seguiría vigente. En el Gore y en el MOP podría seguir con la media jornada en la PAC. Que es básicamente asesoría de relacionador público. Voy a hablar con la Dani igual?
Catalina Pérez: ¿Qué Dani?
Daniel Andrade: (Daniela) Dresner po
Catalina Pérez: Te cacho.
Daniel Andrade: Me llamó Carlos. Parece que pueden salir las lucas.
A modo de contexto, Daniela Dresdner era en ese entonces delegada presidencial por la Región del Biobío. A medida que las conversaciones entre Andrade y Contreras avanzaban para cerrar el convenio de septiembre, la entonces pareja de Catalina Pérez buscaba asegurar un empleo formal en el gobierno mientras gestionaba negocios con Democracia Viva en diversos servicios públicos. Durante este proceso, se produjeron los siguientes intercambios:
Daniel Andrade: Me piden en el MOP contrato de trabajo de la fundación y de la Cámara de Diputados.
Catalina Pérez: No tenemos eso y no podemos producirlo.
Daniel Andrade: La wea malaaa (sic).
Catalina Pérez: Se pueden meter en la página y saber que no fuiste funcionario.
Daniel Andrade: Sipo, si yo dije que era asesoría externa.
Catalina Pérez: Podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara.
Daniel Andrade: Lo he dicho desde el principio.
Catalina Pérez: Mándalos a la chucha wn (sic) ¿se puede?
Daniel Andrade: Ando ansioso igual. Con mucha cosa de Democracia Viva sobre todo.
Catalina Pérez: Ay pero exquisito, eso es porque andas muy productivo haciendo muchas cosas.
Daniel Andrade: ¿Puedes escribirle a Carolina Toha? Me confirmó el otro día, pero hoy no me ha respondido nada.
Catalina Pérez: ¿Me mandas su número?
Daniel Andrade: Graciaaaas. Espero que se conecte. Me da mucha cosa. Si no está conectada Carolina para llamarla.
Catalina Pérez: No está conectada. La están esperando.
Pese a que los mensajes fueron fundamentales para la investigación, la PDI señaló que muchas conversaciones fueron eliminadas, especialmente las relacionadas con el manejo del escándalo. Además, la entonces pareja de Catalina Pérez activó el cifrado de mensajes y la autodestrucción.
La Fiscalía sostiene que Pérez violó los principios de probidad del Congreso, y tendrá que demostrarlo el 10 de febrero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para obtener su desafuero.
Así se dará el primer paso para avanzar en un caso que continúa generando tensiones dentro del oficialismo.
