La muerte de dos soldados a manos de un conscripto que luego se suicidó en marzo pasado en la Escuela de Caballería del Ejército de Iquique, ha provocado cambios en los procesos de ingreso a la institución castrense.
Este año se realizó un inédito examen psicológico de ingreso a 9.219 conscriptos que se enlistaron en distintos cantones de reclutamiento, de los cuales 1.537 fueron calificados como «licencia dos» por ser «no recomendables» para la institución castrense.
En tanto, respecto a quienes ya forman parte del Ejército, según información solicitada por La Tercera vía Transparencia, la rama informó que desde 2015 hasta la fecha se han registrado 14.053 consultas psicológicas a funcionarios activos.
En el Hospital Militar se ha realizado la mayor cantidad de atenciones en ese período, con 4.552, seguido por el Centro Clínico Militar de Concepción (2.363), el de Rancagua (1.552), el de Coyhaique (1.403) y el de Arica (1.323); la mayoría fue en 2018.
No obstante, desde la institución precisaron que la cifra de consulta no representa al número de quiénes han sido tratados, que corresponde a «no más» de tres mil efectivos.
Asimismo, Felipe Ashwell, jefe del Programa Preventivo de Salud Mental del Comando de Salud del Ejército, apuntó que el número de atenciones «no implica necesariamente que las personas sufran de una patología psiquiátrica».
Sobre el uso de armas
Germán Velásquez, hermano de Marco, quien cometió el tiroteo en el recinto militar iquiqueño, asistió el pasado 10 de julio a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre abusos y maltratos a soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En la instancia, contó que su hermano fue diagnosticado con depresión severa, a causa de presuntos maltratos recibidos en la Escuela, y acusó que el Ejército, «en vez de darle la baja, le dijeron que iba a tratar de ayudarlo, pero (la ayuda) fue menos de una semana», e incluso aseguró que «no fue de ninguna ayuda si mi hermano se trató de hacer daño y otra vez le dan un arma sin darle el alta psiquiátrica».
Sobre el uso de armas por parte de efectivos con tratamiento psicológico, Ashwell explicó que «el personal activo de la institución que esté en tratamiento psiquiátrico y esté utilizando alguna droga o fármaco psiquiátrico, no puede portar armas, sea cual sea la gravedad de esa patología, aunque esté sin licencia»; sólo pueden hacerlo si reciben el alta médica en que se explicite que está en condiciones para ello.
