Pese a que los aparatos fueron adquiridos en abril pasado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, aún el software de administración de imágenes -ubicado en la 50º Comisaría- no está totalmente operativo y presenta problemas de seguridad y trazabilidad de los registros. El capitán Manuel Arenas advirtió en varias oportunidades a la superioridad que los videos podían ser compartidos hasta por Whatsapp, pero de nada sirvió. A principios de septiembre, luego de ser severamente reprendido por insistir en la existencia de las fallas, fue trasladado a la comisaría de Bajos de Mena. Las deficiencias llegaron a oídos del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma, quien investiga el delito de fraude al fisco en la compra de las cámaras Motorola. El perseguidor se constituyó con la PDI en la unidad policial para determinar los problemas de software, entre otros. E interrogó a una serie de uniformados. Se trata de una historia donde empleados de Motorola revisan de madrugada los videos secretos de la policía y un excomandante conocido como “el prefecto del amor”, es el ejecutivo a cargo del proyecto. El caso lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Las 300 cámaras corporales Motorola que compró la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) por $378 millones en abril pasado, se han convertido en un dolor de cabeza para Carabineros. Y esto porque transcurridos casi 6 meses desde su adquisición, el software para la administración de imágenes que funciona en la 50º Comisaría aún no está totalmente operativo y presenta problemas de seguridad.
De acuerdo a la información obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el programa arroja fallas en la trazabilidad de los videos que deben ser enviados al Ministerio Público o Fiscalía Militar, entre otras vulnerabilidades.
Por ejemplo, cuando un carabinero graba un procedimiento con la cámara, este último registro es alojado en un servidor administrado por un software conocido como “videomanager”. El sistema rotula de inmediato el archivo y crea un link, que se constituye inmediatamente como una cadena de custodia.
Pues bien, el vínculo digital debería llegar al fiscal del caso para evitar que se filtre la prueba o bien pueda ser adulterada, pero en los hechos, el programa permitiría compartirlo con varias personas sin dejar registro de ello. A su vez, los receptores pueden fácilmente compartirlo por las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Es más, tampoco cuenta con sello de agua.
