Por unanimidad (130 votos), la Cámara de Diputados aprobó este lunes la propuesta del Gobierno para financiar el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU). Ahora le corresponderá al Senado continuar con la tramitación de la iniciativa.
Además, la Sala aprobó con 98 votos a favor y 29 en contra el impuesto a los “súper ricos” ingresado en la Comisión de Hacienda. La indicación propone un tributo del 1,5% a los patrimonios que excedan de cinco millones de dólares y del 2,5% a quienes tengan un patrimonio de más de 22 millones de dólares.
Al conocerse el resultado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció reserva de constitucionalidad de parte del Gobierno, advirtiendo que podrán recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
La PGU está siendo tramitada de manera paralela y también fue aprobada recientemente en la Cámara Baja. El beneficio busca aumentar de $176 mil a $185 mil la actual Pensión Básica Solidaria que reciben los mayores de 65 años y ampliar la cobertura al 90% más vulnerable, con pagos decrecientes para el 10% de mayores ingresos.
Para financiarla, La Moneda propone tres fórmulas: la reducción y eliminación de las exenciones tributarias; la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026); y la reducción del aporte mínimo obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) de 0,2% a 0,1% del PIB.
Sin embargo, desde la oposición apuntan a que los métodos no son suficientes e incluyeron el impuesto a los “súper ricos”. El gravamen a los mayores patrimonios ha sido rechazado desde el Gobierno, que amenazó con acudir al Tribunal Constitucional para suprimirlo.
De manera paralela, la propuesta de financiamiento ha sido criticada por algunos economistas, incluido el Consejo Fiscal Autónomo. Mientras, desde el oficialismo acusan al comando del presidente electo Gabriel Boric de querer aplazar la tramitación para que la PGU se apruebe en el próximo periodo.
