El anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, sobre una investigación interna para detectar posibles viajes al extranjero de funcionarios con licencia médica ha encendido las alarmas entre los trabajadores parlamentarios. La Asociación que los representantes respondió con una dura carta, cuestionando la legalidad del procedimiento y el uso de herramientas como el cruce de datos con la PDI, sin orden judicial ni respaldo normativo.
En el escrito, los funcionarios expresan su inquietud por la forma en que se ha comunicado la fiscalización, sin diálogo previo con sindicatos y extendida incluso a trabajadores con contratos externos, como asesores o periodistas, cuyos trabajos no requieren presencia física en el Congreso. Señalan que se está vulnerando la autonomía de sus funciones y que se desconoce la diversidad contractual del personal legislativo.
Además, advierten que esta medida podría estar motivada más por objetivos políticos o mediáticos que por un genuino interés en la transparencia. Critican que se haya generado un clima de sospecha sin establecer reglas claras ni considerar la salud mental del personal. “No aceptamos presiones ni exposiciones públicas que configuren verdaderas cacerías de brujas”, sentencian.
