La Presidenta Michelle Bachelet ingresó ayer a la Cámara Baja un proyecto de ley que exige a los efectivos de Carabineros una “conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo”.
Según informa hoy El Mercurio, el proyecto es el resultado de una batería de sugerencias entregadas por la policía uniformada al Ministerio del Interior orientadas a reformar su institucionalidad y dejarla mejor preparada y en forma para prevenir anomalías y combatir actos de corrupción, se lee en el proyecto.
«Carabineros ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su historia debido a graves irregularidades vinculadas principalmente al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles internos y externos a los que está sujeta la institución no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos», señala el texto del proyecto.
La iniciativa propone modificar la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, introduciendo en el inciso segundo del artículo 7 ter la obligatoriedad: «el personal de Carabineros, cualquiera sea su calidad jurídica, deberá guardar una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público por sobre el privado».
También propone remitir al Ministerio del Interior, dentro de los primeros cinco días de marzo de cada año, información acerca de un plan anual de compras que promueva la eficiencia, la transparencia, la probidad y competitividad.
Asimismo, se deberán sumar antecedentes sobre informes de auditorías internas, además de una política de recursos humanos y el gasto total en que se incurra con motivo de la contratación del personal, cualquiera sea su calidad jurídica.
Otro aspecto en los que se innova es el referido al rol que cumplirá la Contraloría General de la República en el esquema de control propuesto en el proyecto. Por ejemplo, «respecto de los procesos disciplinarios que versen sobre hechos que afecten gravemente la probidad administrativa (…) se establece que los decretos y resoluciones que dispongan sobreseimientos, absoluciones o aplicación de medidas disciplinarias, dictadas en el contexto de estos procedimientos, quedarán afectas al trámite de toma de razón en el órgano contralor».
El proyecto pasó sin urgencia legislativa a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, según la información publicada por El Mercurio.
