Este miércoles, desde el Gobierno se refirieron al ya conocido y polémico audio que involucra al abogado Luis Hermosilla, el que tenía finalidad obtener información privilegiada y favores.
En dicho registro, el aludido habla sobre el pago a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Las primeras palabras vinieron del ministro Secretario General, Álvaro Elizalde, quien comentó que “independientemente del origen social de quien cometa un delito, tiene que responder ante la justicia en iguales condiciones”.
El secretario de Estado indicó que existe una “necesidad de que estos hechos sean esclarecidos, que se apliquen las sanciones en caso de acreditarse la comisión de delitos (…) es necesario actualizar nuestra legislación”.
“El proyecto de inteligencia económica, que insisto fue presentado en mayo y cuenta con urgencia desde junio, no ha sido puesto en tabla en las últimas semanas (…) queremos hacer un llamado a cumplir con las urgencias que presenta el Gobierno, conforme a nuestras normas constitucionales”, agregó.
Elizalde aseguró que “estamos frente a una mafia de la evasión, respecto a la cual se requiere actuar con celeridad y sancionar este tipo de conductas (…) son hechos gravísimos que nosotros condenamos enérgicamente”.
“El Ministerio Público debe contar con todas las herramientas necesarias para el total esclarecimiento y para la aplicación de las sanciones por parte de la justicia en caso que se acrediten los delitos correspondientes”, añadió.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que “hay que ser cauteloso, es una información que por cierto es muy grave y que da cuenta con la necesidad de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público”.
“Por cierto, una denuncia de esas características son hechos de gravedad en el entendido que comprometen no solo la integridad de la función pública, sino que también la integridad del sector privado y la profesión legal”, dijo.
Finalmente, Cordero concluyó que “el Ejecutivo ha llevado a cabo la aprobación de la Ley de Delitos Económicos donde algunos de estos aspectos están abordados, la Ley de Protección del Denunciante (…) y también existe una agenda futura”.
“Lo más importante es que las instituciones responsables a las indagaciones están llevando a cabo las mismas”, cerró.
