La superintendencia de Educación notó un incremento en los casos de colegios que presionan a los menores para que sus familias utilicen medicamentos en contra del déficit atencional.
Según los registros de este organismo, solo en el primer semestre de este año se presentaron 19 denuncias, casi el doble de las que hubo el 2017.
Sebastián Izquierdo, superintendente de educación, declaró que «hemos ido a fiscalizar estas situaciones porque no permitimos, y sancionamos, cualquier acto de discriminación en la incorporación o permanencia de niños en los establecimientos educacionales».
De acuerdo a La Tercera, hay denuncias porque los centros de educación condicionan matricula del menor y además a diferentes situaciones de discriminación contra los menores diagnosticados.
Este año se han presentado 117 reclamos por diversas discriminaciones a alumnos con este trastorno.
Izquierdo, además, manifestó al mismo medio que «la superintendencia tiene todas las facultades para no permitir la discriminación arbitraria de cualquier estudiante», de acuerdo a la Ley General de Educación, norma que además prohíbe que los colegios obliguen a los padres a medicar a los niños.
En tanto, en el Congreso se tramita un proyecto de la diputada Cristina Girardi (PPD) que busca que esta prohibición se extienda a todos los colegios, tanto públicos como subvencionados y particulares pagados.
La parlamentaria declaró que «hay que entender que los niños de nuestro país tienen derecho a la educación sin que se les obligue a consumir medicamentos para recibirla».