Una auditoría realizada en el Senado detectó pagos excesivos por sobre los $200 millones a 42 altos funcionarios actuales y a otros ya retirados, irregularidad registrada entre los años 2017 y 2020.
Las conclusiones fueron presentadas ante la Comisión de Régimen Interno del Senado el pasado 26 de agosto, cuyos resultados arrojaron las tres «situaciones más urgentes».
Las irregularidades detectadas se concentran en el “sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior; remuneraciones pagadas en exceso a 42 funcionarios de las categorías más altas del servicio entre enero de 2017 y febrero de 2020; y sistema de gestión de metas institucionales y colectivas (recursos públicos)”, consignó El Mercurio.
La revisión realizada por el Departamento de Finanzas y la Unidad de Auditoría Interna, determinó «el problema que causó el pago en exceso, tanto de sueldos líquidos como de impuesto a la renta de 42 funcionarios”, lo que habría estado motivado por “la sobrestimación del complemento de jornada bruto por la no actualización de la tabla de impuestos por la que se estimaba”.
Los involucrados son 42 funcionarios vigentes y 11 retirados, que en total suman una diferencia de $208.913.576. Esto se explica porque, para evitar que disminuyera su sueldo, se estableció un pago adicional para cubrir los tributos y, de esta manera, recibir la remuneración completa fuera de impuestos.¿Por qué se originó el problema?
El problema se generó por una sobrestimación del impuesto que provocó un margen a favor, dando origen a un “sumario administrativo para determinar y/o descartar responsabilidades administrativas”, además de instruirse una “propuesta de modificación al reglamento de personal para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en exceso”.
Por otro lado, en cuanto a la duplicidad de metas, la auditoría detectó que “veintiuna (21) de las veintiocho (28) metas para el incentivo institucional son replicadas para configurar la totalidad de las metas colectivas de la corporación. Esto tergiversa el objetivo pretendido por la ley 19.553 de crear dos incentivos relacionados, pero distintos entre sí y que además poseen porcentajes diferentes de incremento remuneracional”.
“Es común observar en los servicios o instituciones afectas a los incentivos de la ley 19.553, que algunas de las metas colectivas están relacionadas con las metas institucionales, pero en ningún caso, ello implica que pueden estar idénticamente establecidas como ocurre en nuestra corporación”, dice el documento.
Además se explica que esos problemas se verían reflejadas en el “sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior, sin cumplir formalidades respecto de los cuales se propone un mecanismo de regularización, a partir de dos estudios en derecho solicitados”.
El texto además “recomienda que exista una regularización de todos los haberes que no están respaldados legalmente”.
Adriana Muñoz, presidenta del Senado, explicó que «es una auditoría que se realizó durante la presidencia del senador Quintana y recién ahora se están dando a conocer los resultados, las distintas conclusiones que se sacaron. No es trabajo de esta mesa entonces. Mi posición ha sido y la del senador Quinteros y compartida por Régimen Interno, es que todas estas conclusiones de la auditoría se están conversando».
«Así lo está haciendo el senador Quinteros con las tres asociaciones de funcionarios para ver de qué manera les afectan los hallazgos. Se abrió un camino de diálogo. Estamos conociendo los resultados y contrastándolos con los funcionarios para ver curso de acción seguir», añadió.
