Un segundo proyecto para un nuevo retiro del 10% de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) se tomó la discusión en el Parlamento, donde adherentes y opositores a esta propuesta debaten en torno a los riesgos y beneficios que conllevaría esta iniciativa.
La académica de la Escuela de Trabajo Social de la UCM, Nélida Ramírez, aclaró las dudas que existen respecto a este trámite, donde nuevamente las protagonistas son las AFP.
Uno de los principales cuestionamientos que realizó la docente UCM, fue respecto a los argumentos que formaron parte del debate anterior.
“Cuando se inició la discusión del primer retiro del 10% de los fondos, se dijo que iba a tener un gran impacto en los mercados de capitales, con una caída precisamente en el ahorro de los pensionados, puesto que las AFPs deberían obtener liquidez en muy corto tiempo, por lo que, tendrían que salir a vender activos sin gran capacidad para negociar adecuadamente los montos de transacción. También se afirmó que el gran flujo de capitales tendría un impacto en la tasa de cambio, razón por la cual el Banco Central advirtió que tomaría las medidas necesarias, dentro de su competencia, para mantener la estabilidad financiera del país. Y se reiteró, hasta el cansancio, que el retiro de los dineros reduciría el monto total acumulado y, por ende, el cotizante inevitablemente tendrá una pensión más baja al momento de jubilarse”, recordó Ramírez.
Sin embargo, explicó la académica, los resultados dan cuenta de un sistema que produce pensiones que no permiten superar la línea de la extrema pobreza, en el que la mitad de las personas que se pensionaron por vejez el año 2019, alcanzaron solo a autofinanciar un monto de 49 mil pesos, según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones.
“Con más de un 86% de los y las cotizantes habiendo recibido su primer retiro de fondos AFP, la economía nacional sintió el impacto de la inyección de U$13.450 millones y un descenso del Producto Interno Bruto en un 6%, habiéndose proyectado entre un 7% y 8% (Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, 2020). Por lo anterior, se puede proyectar que un segundo retiro tenderá a dinamizar nuevamente nuestra alicaída economía”, acotó la académica.
BENEFICIOS PARA LA ECONOMÍA
Otro de los puntos que destacó Nélida Ramírez, es el estudio realizado por la Cámara de Comercio, que mostró que el 60% de las personas que hicieron el retiro utilizaron parte de los fondos en compras de alimentos e insumos básicos, mientras que el 38% lo utilizó para el pago de cuentas de servicios básicos y préstamos, mientras que el 19% de los encuestados aseguró que dentro de sus planes se encuentra invertir en un negocio o emprendimiento.
Un 16% comentó que solicitó el retiro para invertir en otros instrumentos de ahorro, respecto a las compras que no son de primera necesidad sumaron un 16% del interés de los beneficiados, a lo que se sumó la compra de vestuario y calzado (4%) e, incluso, la adquisición de un nuevo vehículo (2%).
“Es esperable entonces que un segundo retiro permitirá a las personas nuevamente cubrir sus necesidades esenciales, servicios básicos y afrontar también el aumento de la cesantía. Este nuevo proyecto de retiro AFP 2.0 que se propuso hace tres semanas, ‘excepcionalmente, para mitigar los efectos sociales derivados del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19’, que beneficiará a 2 millones 600 mil personas que tienen la posibilidad de sacar fondos, que no se agotaron con el primer retiro”, detalló la profesional.
Y agregó que “una de las principales novedades que presentó el proyecto de retiro AFP 2.0, es que también propone que quienes estimen retornar el dinero sacado desde la cuenta individual, puedan hacerlo en un plazo indefinido. Es decir, si durante los próximos 20 años el o la cotizante desea ‘devolver’ el dinero, lo podría hacer. Además, plantea que el retiro no tenga una fecha de vencimiento, por lo que pasaría a considerarse como un beneficio permanente. Este retiro AFP 2.0 podría llevarse a cabo a partir del próximo 31 de diciembre y las Administradoras deberán disponer para sus afiliados de los mismos mecanismos para el proceso actual”, puntualizó la académica.
