Luego de que el exrector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, asegurara que la Municipalidad de Santiago ordenó no aplicar la ley Aula Segura, presentaron un requerimiento en Contraloría contra la alcaldesa Irací Hassler, por incumplimiento de la ley y potencial abandono de deberes.
El requerimiento fue presentado por los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Hugo Rey, junto a los concejales de Santiago, Juan Mena y Santiago Mekis, además de la Agrupación Santiago Seguro.
«Los alcaldes no están ajenos a cumplir la ley»
«Las personas a cargo de dirigir los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago muchas veces han sufrido amedrentamiento y persecución por hacer las denuncias que hoy estamos haciendo», afirmó el diputado Schalper.
Además, recalcó que «los alcaldes en Chile no están ajenos a cumplir la ley. Por más que no les guste una determinada ley, tienen la obligación de velar porque los establecimientos educacionales sean un lugar donde se pueda desarrollar la educación en paz, sin violencia y sin confrontación».
«Aquí lo que estamos viendo es que hay una complicidad pasiva por la alcaldesa Irací Hassler, en no hacer cumplir la ley que establece hoy día la posibilidad de que los directores de los establecimientos establezcan las medidas necesarias para velar que haya un correcto desempeño dentro de los establecimientos», sentenció.
El diputado aseguró que han «recibido denuncias de varios directores, algunos de ellos no han podido hacerlo públicamente, precisamente por esto mismo, otros, en cambio, lo han hecho públicamente».
Schalper precisó que esperan que la Contraloría establezca que «la alcaldesa Irací Hassler tiene la obligación de hacer cumplir la Ley Aula Segura, tiene la obligación de asumir su responsabilidad en la defensa de los liceos de la educación pública de la comuna de Santiago».
«Cuando una persona falta a su deber incurre incluso en una causal de destitución», destacó.
«Los directores hemos sido amedrentados»
La directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vicent, señaló que «lamentablemente, esta ley no se ha aplicado en el municipio. Los directores hemos sido amedrentados, hemos sido desvinculados, en mi caso suspendida, estoy suspendida desde marzo, porque la sostenedora Irací Hassler me ha perseguido desde que soy concejala».
Por su parte, Natalia Contreras, de la Fundación Santiago Seguro, indicó que «hemos solicitado información a la municipalidad de Santiago y lo que recibimos son prórrogas, una prórroga tras otra prórroga, lo que habla que no existe un trabajo serio respecto al tema, porque la administración anterior sí tenía la información».
A raíz del requerimiento, la alcaldesa sostuvo que «en el municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra por muchos años. De hecho, se arrastra específicamente de la gestión que tuvieron personal del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría».
«Se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa, y que se hace a través de los directores y directoras», afirmó.
«Junto con los procesos que son sancionatorios, también estamos trabajando en todos los temas de fondo. En poder recomponer relaciones después de que durante los años anteriores se quebraran muchas relaciones al interior de las comunidades educativas, y en ello poco ayudó el actuar que tuvo el expresidente Piñera y el exalcalde Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación», agregó.
Finalmente, afirmó que «no hay instrucciones en torno a no aplicar la normativa vigente. Solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta demás 560 procedimientos disciplinarios que han sido abiertos a propósito de faltas gravísimas».
