Tras la audiencia, la fiscal Paola Zárate entregó detalles del modus operandi de estas empresas, además de las cuantiosas ganancias que obtenían con la actividad.
«Se trata de agencias de viaje que bajo las apariencias de turismo ingresan haitianos a Chile de carácter ilegal. El propósito es engañar a la autoridad migratoria, ya que tienen la intención de quedarse en Chile«, explicó la persecutora, agregando que, según estimaciones basadas en escuchas telefónicas, estas empresas generaban ganancias de, al menos, $160 millones semanales.
Paralelamente, la investigación de la PDI logró establecer que estas operaban desde el año 2016, organizadas para «captar a ciudadanos haitianos en Puerto Príncipe como en Santiago, a través de los mismos familiares que se encontraban en nuestro país», como señaló la jefa de la Brigada de Trata de Personas, subprefecto Cynthia Contreras.