Fue en la cárcel de Huachalalume en La Serena, donde un hombre pasó 4 meses preso, tras ser acusado del delito de abuso sexual, resultando inocente. El Ministerio Público decidió no perseverar y no acusar por falta de antecedentes serios que demostraran su presunta responsabilidad, mientras que los peritajes confirmaron su versión de los hechos.
Claudio González de 63 años, fue el hombre que estuvo 120 días en prisión preventiva en La Serena, el cual no presentaba antecedentes penales.
El hombre fue acusado de lesiones menos graves, violación de morada y abuso sexual, presuntamente cometidos el 31 de marzo, tres delitos de los cuales resultó ser inocente.
No obstante, el Ministerio Público comunicó al Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar en la causa, por no contar con antecedentes suficientes para acusarlo.
Desde el lunes 1 de agosto está en libertad, pero no sin antes pasar por un difícil proceso al interior del centro penitenciario de Huachalalume, por delitos que no cometió.
Hoy, busca dejar atrás lo que vivió, y que solo pudo revertir por el trabajo de su defensa, que solicitó pericias que resultaron claves para probar su inocencia.
El hombre fue inculpado por supuestamente haber ingresado a un domicilio ubicado en un cité de calle Valparaíso, en Las Compañías, denunciado por una mujer por tocaciones y lesiones.
En su control de detención, el defensor penal público de La Serena, Juan Pablo González, se opuso a que se decretara la prisión preventiva, por falta de pruebas.
Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y lo envió a prisión, según publica El Día. Pese a la apelación que presentó su abogado en la Corte de Apelaciones, sufrieron un segundo golpe al ratificarse la resolución.
Inocente
Para demostrar que era inocente, el defensor solicitó la realización de peritajes psicológicos, sociales y de investigación criminalística que pudieran esclarecer el caso. Una vez finalizados los informes, fueron concluyentes. No había alteraciones de personalidad en el imputado y se reafirmó su versión de los hechos.
El imputado había ido con un amigo a un prostíbulo, donde se produjo una discusión, incluso sufrió lesiones en una pelea con sujetos que llegaron al lugar. Las residentes llamaron a Carabineros y cuando estos llegaron, fue sindicado por agresión y abuso sexual.
“Finalmente, el 1 de agosto, la Fiscalía solicitó al tribunal una audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en este procedimiento porque no reunió antecedentes para acusar al imputado, quien fue puesto en libertad ese mismo día”, relató el defensor.
Aumenta cantidad de inocentes en prisión preventiva, según DPP
El caso de Claudio González se ha repetido en la región de Coquimbo e incluso, van en aumento.
Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), en lo que va del año, un total de 46 personas que pasaron por prisión preventiva han sido dejadas en libertad por situaciones similares.
Esto último, ya sea porque se demostró en juicio su inocencia o el Ministerio Público decidió no perseverar ante falta de antecedentes serios.
El alza es marcada. De hecho, los de esta primera mitad del año, son más casos de los 42 que se registraron en todo 2021.
Por su parte, Yasna Rojas, jefa de Estudios de la DPP regional, reconoció que “es una preocupación constante”.
De hecho, cruzó los datos con análisis que han hecho desde la Subsecretaría de Justicia, que muestran que en los últimos 12 años, mientras las prisiones preventivas han ido al alza (16,1%), la cantidad de condenados baja.
“Estamos teniendo cada vez más personas en las cárceles sin estar condenados y ha ido bajando el número de personas condenadas”, dijo.
“Si uno eso lo traduce en el hecho de que en la ley está el principio de presunción de inocencia, se nos produce una contradicción”, apuntó.
Asimismo, si bien recalca que existen delitos graves, que afectan la integridad de las personas e impactan en la opinión pública, afirma que estos “deben ser investigados y dictarse condena como corresponde a quienes resultan responsables”.
Sin embargo, recalca que a juicio de la Defensoría “existe un uso desmesurado de la prisión preventiva”.
“Hay que ser cuidados, porque hay distintos factores que influyen en esto, pero es algo que hay que tener en cuenta”, finalizó.
Frente a la percepción de la opinión pública que, concuerda Rojas, mira con ojo crítico el rol de la Defensoría Penal Pública, recalca que toda persona tiene derecho a ser representada por un abogado.
Asimismo, agrega que por lo que se ha visto a nivel legislativo, la tendencia ha sido aumentar sanciones en algunos delitos y limitar el acceso al cumplimiento de estas en libertad.
“El endurecimiento de algunas leyes va en contra de la creencia de que tenemos un modelo garantista”, explicó.
“Las últimas modificaciones legales han sido endurecer las penas, evitar la pena sustitutiva en delitos contra la propiedad, robos o en la ley de control de armas”, finalizó.
