En la acción judicial presentada por el abogado de RN, Marcelo Brunet, se acusa que «se continuó gastando con cargo a una cuenta cuyos fondos debían ser destinados a compromisos devengados pero no podía girarse a nombre de un órgano que ya no existe». Esto tras la disolución de la Convención Constitucional.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la ampliación de la querella presentada en contra del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, por la impresión de ejemplares de la propuesta de nueva Constitución.
En la acción judicial presentada por el abogado de RN, Marcelo Brunet, se señala que: “Con fecha 5 de agosto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictó la Resolución Nº 705, suscrita por la Subsecretaria Macarena Lobos Palacios. Esta Resolución aprueba la modificación de contrato entre esa Secretaría de Estado y la Empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., ampliando el número de ejemplares a imprimir y aumentando el precio de los mismos”.
“El considerando nº 5 de la resolución Nº 705 hace alusión a la anterior Resolución Exenta, materia de la querella y justifica esta ampliación en el mismo oficio nº 848 de 2022 de la Presidenta de la Convención Constitucional, que también justificó la contratación inicial. Sin embargo, no existe ningún argumento que permita comprender por qué no se incluyeron todos los ejemplares en la primera resolución”, se agrega. Asimismo, se establece que el 26 de julio, se acreditó que existían fondos en el programa presupuestario denominado “Convención Constitucional”.
“Sin embargo, y como se advirtió con anterioridad, la Convención Constitucional ya no existía, de modo que ya no se encontraban vigentes las autorizaciones presupuestarias que permitían a la Secretaría General de la Presidencia efectuar ese gasto”, se añade.
En esa línea, se acusa que “se continuó gastando con cargo a una cuenta cuyos fondos debían ser destinados a compromisos devengados pero no podía girarse a nombre de un órgano que ya no existe”.
Respecto a la impresión de ejemplares en lenguas originarias solicitadas por la ex presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, se consignó la compra de 240 textos constitucionales en lenguas Aymara, Mapuzungun, Quechua y Rapa Nui, las que deberían ser entregadas el pasado 8 de agosto. Sin embargo, se acusa que desde la Segpres, “continúan girando gastos contra el presupuesto de un órgano inexistente”.
En ese sentido, también se acusa que Quinteros “no requiere un número determinado de ejemplares, ni exige que sea distribuido en lenguas originarias, solo se refiere a la posibilidad de dar curso a la impresión y distribución”.
“Este oficio reafirma lo que se ha sostenido por este querellante, en el sentido que la Convención estaba avocada a su cierre financiero y administrativo, de modo que no corresponde que con posterioridad a la fecha de su disolución se continúe actuando en su nombre. La solicitud de impresión de ejemplares había sido rechazada por la propia Convención. De este modo, una vez disuelta, no existía ninguna voluntad de la que se pudiera presumir que autorizaba a “gastar en su nombre”, sobretodo cuando ya se había pronunciado negativamente sobre ese punto”, zanjaron.
