El académico de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Guillermo Riquelme, analizó los paquetes de medidas anunciados por el Gobierno para ir en ayuda de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) con el objetivo de enfrentar la crisis generada por la pandemia de Covid-19, advirtiendo de los problemas que podrían enfrentar las unidades económicas locales, sobre todo para acceder al financiamiento bancario con garantía estatal.
El investigador del Centro de Estudios y Gestión Social del Maule (CEGES), unidad dependiente de la Universidad Autónoma de Chile, explicó que las medidas anunciadas por el Gobierno desde el 19 de marzo pasado van por dos líneas: financiar el capital de trabajo y reducir momentáneamente la carga normal de obligaciones tributarias.
“Esto es relevante para cuantificar el impacto de los recursos destinados por Hacienda. De los US$ 11.750 millones del primer anuncio, unos US$6.000 millones están destinados a las empresas, sin embargo, no representan una inyección monetaria directa, ya que el apoyo se focaliza a la postergación de pagos tributarios como IVA, PPM, impuesto a la renta y contribuciones. Claramente, este primer esfuerzo fiscal es insuficiente para mantener en pie la actividad económica de las micro y pequeñas empresas, que han sido las más afectadas y que arrastran un gran déficit de capital de trabajo desde octubre de 2019. El segundo paquete de medidas, recientemente informado, pretende financiar el capital de trabajo a través del financiamiento bancario con garantía estatal a las pequeñas empresas, conocido como FOGAPE, fondo al que se inyectarían US$3.000 millones garantizando a los bancos hasta el 80% del crédito otorgado a las empresas más pequeñas”, indicó Riquelme.
Dado que esta medida incluye también a las empresas medianas y grandes –con tope de ventas anual de 1.000.000 UF-, se está hablando de un 98% de las empresas del país y casi la totalidad de las de la Región del Maule.
Sin embargo, el académico advirtió que los requisitos para acceder al crédito limitan a los posibles beneficiados ya que, por un lado, la empresa solicitante no debe estar en un proceso de renegociación de deudas con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superior) y, por otro, no debe tener más de 30 días de mora al 30 de marzo de 2020 o al 30 de octubre de 2019 para empresas con ventas menores a 25.000 UF.
“Producto del estallido social, algunas empresas han debido recurrir a la Superior para afrontar su compromisos y posible reemprendimiento, y lo mismo está sucediendo con el impacto de esta pandemia, por lo que no parece justo dejar a esas unidades sin el mencionado apoyo de financiamiento. Además, el segundo requisito dejaría fuera a una gran cantidad de micro y pequeñas empresas si consideramos que a septiembre de 2019 el 86% de ellas se encontraba con una morosidad de 30 días. En este escenario, es muy probable que parte importante de los créditos con garantía estatal sean colocados por los bancos a la mediana y gran empresa, las que representan el 4,2% de las empresas del país y solo el 2% de las del Maule”, dijo Riquelme.
IMPACTO REGIONAL
El investigador señaló que ello es preocupante, especialmente porque en el Maule, existen 67.978 Mipes (Micro y Pequeñas Empresas) de las cuales 56.694 son microempresas que no solo representan el 81,4% del total de empresas de la región, sino que también presentan la mayor cantidad de ocupados en el Maule, con 254.272 trabajadores, el 53% del empleo regional.
“Este antecedente es muy significativo, dado que los puestos de trabajo en el Maule se podrán en alguna medida mantener si se focalizan las medidas económicas en estas empresas. No parece ser lo más apropiado extender el apoyo financiero a casi todas las empresas del país y menos aún generalizar requisitos de acceso al crédito que discriminan muy negativamente a las Mipes dada su morosidad”, subrayó Riquelme, sugiriendo que los recursos llegarían de mejor forma a las empresas a través de una medida que considere la particularidad de las condiciones que enfrentan las empresas a nivel regional, para lo cual debe existir consulta y participación de los gremios y asociaciones empresariales de las micro y pequeñas empresas de cada región.
INDEPENDIENTES
Otro tema que analizó el académico es la situación del apoyo económico a los trabajadores por cuenta propia, entre los cuales, precisó Riquelme, se observa en la Microempresa la mayor cantidad de trabajadores –más de 34 mil- que pertenecen a la categoría de independientes con boleta de honorarios, que equivale al 41% del total del empleo que genera la microempresa, los que se desempeñan en rubros como comercio, agricultura, enseñanza y administración pública.
“Cabe destacar que, a excepción de la agricultura, estos sectores presentan una alta tasa de independientes respecto al total de sus trabajadores, destacándose el rubro educación con un 37%, sector que por el momento no se ha visto tan afectado por la cuarentena obligatoria o voluntaria implementada en el sistema de educación, tanto escolar como en educación superior, dado que el teletrabajo ha permitido mantener los puestos de trabajo de los denominados independientes con boleta de honorarios, similar a lo que sucede en la administración pública. Mucho más preocupante es el sector comercio que presenta un 26,5% de sus ocupados (18.469) independientes con boleta de honorarios y muy probablemente gran parte de estos trabajadores han perdido o perderán su fuente laboral”, indicó.
Por eso, el investigador de la U. Autónoma sostuvo que una buena aproximación para llegar con los US$2.000 millones en apoyo directo a los trabajadores informales, es considerar dentro de las Mipes a los independientes de las actividades económicas más afectadas y que presentan mayor cantidad de ocupados, como es el caso del comercio en la Región del Maule.
