En horas de la tarde de este martes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el lanzamiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que busca hacerse cargo de la inseguridad en el país, desarticulando bandas y organizaciones criminales, además de debilitar su poder económico y financiero.
“Es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, con metas y con recursos, de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan, o pretenden operar en nuestro territorio, y que no son bienvenidas”, expresó el Presidente.
“La principal prioridad de nuestro gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de nuestra patria en todas sus dimensiones; la seguridad ciudadana, la seguridad económica y la seguridad social”, añadió.
El jefe de estado recalcó que se trata de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado en la historia del Estado de Chile y aseguró que busca que todas las instituciones, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la fiscalía, trabajen con coordinación y no compitiendo.
“Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, se termina facilitando la acción de los delincuentes. La lucha contra la delincuencia y el crimen organizado debe ser una política de Estado”, enfatizó el mandatario.
“Entendemos que durante los últimos años la ciudadanía ha estado expuesta cada vez a delitos más violentos, y frente a esta realidad estamos tomando acciones de manera decidida. Tenemos el deber de recuperar los espacios públicos tomados por el narco y no vamos a permitir que este y otro tipo de delitos, como el tráfico de migrantes, el contrabando de armas, la ciberdelincuencia, pongan en jaque la seguridad y tranquilidad de familias chilenas”, agregó.
La política del gobierno tiene un enfoque desde el 2022 hasta el 2027 y su principal tarea será implementar medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, que son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.
El plan promete ejecutar acciones para abordar la criminalidad organizada específica a cada territorio y consolidar un ecosistema de seguridad pública que asegure la unidad de acción del Estado en estas materias.
