Nuevos contratos por los próximos tres años comenzaron a regir desde el primero de agosto en la Región del Maule, luego que la Defensoría Penal Pública finalizara llamados a licitación para proveer de servicios de defensa jurídica en los ámbitos de defensa general y defensa penitenciaria, respectivamente.
La defensa penal que otorga el Estado chileno a toda persona imputada o acusada de un delito, se realiza a través de abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública y también de empresas privadas o abogados particulares, que proporcionan sus servicios tras un riguroso proceso de selección que se inició formalmente en el mes de marzo pasado con el llamado público respectivo.
La importancia de este sistema en el Maule no es menor, ya que el 70% de las causas ingresadas a la institución son tramitadas por defensores licitados. De esta manera, entraron en vigencia los nuevos contratos en todo el Maule, que se traduce en el inicio formal del trabajo de 19 defensores, quienes darán cobertura en las cuatro de las cinco zonas definidas por la institución en la región. Dichos profesionales prestarán servicios, en algunos casos, de manera individual -como es el caso de Licantén- y, en otros, a través de ocho empresas, todas las cuales poseen una amplia experiencia en el área.
Lo particular de este proceso, es que por primera vez se adjudica en el Maule una licitación por tres años para el Área de Defensa Penitenciaria, que atenderá exclusivamente a las personas adultas que cumplen condena en centros penales de la zona y que inició su trabajo en julio de 2016, bajo la modalidad de convenio directo.
El defensor regional del Maule, José Luis Craig, destacó la fluidez del proceso y el trabajo desarrollado tanto por los miembros del Comité de Adjudicación Regional, los profesionales de la institución y los organismos externos que han permitido cumplir con los plazos previstos en las bases de licitación.
“Estamos felices del proceso de licitación de los servicios de defensa penal general y penitenciaria realizado en el Maule y que ha permitido concluir con el inicio de los contratos para los próximos tres años. Recibimos muy buenas propuestas y estamos ciertos de la amplia experiencia de los equipos de defensa, que se reflejará en una gestión de calidad. Nuestro compromiso con la ciudadanía, es prestar la mejor defensa jurídica a quien lo necesite, en el cumplimiento de nuestra misión legal e institucional”, aseguró Craig.
