Hace dos semana, 17 aspirantes a liderar el Ministerio Público se presentaron ante el pleno de la Corte Suprema, para convencerlos de por qué ellos debiesen ser el próximo jefe del Ministerio Público.
Tuvieron 10 minutos para hacer una exposición, quedando una quina compuesta por 4 hombres y una mujer: el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; el persecutor Centro Norte, José Morales; la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera; y los experseguidores, Ángel Valencia y Rodrigo Ríos.
Fue una elección que desde un principio tuvo de todo: la baja “por problemas personales” de Ríos, ataques por la prensa, peticiones a la propia Corte Suprema, negociaciones en el Congreso, y que incluso se hablara de “acoso” de parte de ministras de Estado tras conversar con algunos congresistas.
Si bien en un principio se habló de que podía haber días “claves”, lo cierto es que el presidente Gabriel Boric ocupó todo el plazo legal, es decir, 10 días hábiles, para nombrar a quien, según él, tiene las mejores competencias para ser el cuarto fiscal nacional en toda la historia del Ministerio Público.
El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, insistió en que el escogido no puede ser la “continuidad” de la gestión anterior.
Misma opinión tiene el senador de la UDI, Iván Moreira, quien aseguró que los desafíos más relevantes para el próximo Fiscal Nacional es hacer frente a la delincuencia y terrorismo.
Se habló muchísimo de distintas estrategias, las que en su gran mayoría hablaban de que el gobierno quería rellenar el cupo que dejó Rodrigo Ríos, pero la Corte Suprema se desentendió del asunto.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, descartó que el Gobierno quisiese imponer un nombre.
Recordemos que de acuerdo a la actual legislación, una vez que el máximo tribuna selecciona a cinco candidatos, envía la lista al Ejecutivo, quien elige a un postulante, nombre que debe ser ratificado por dos tercios del Senado.
Por lo mismo, el Jefe de Estado insistió en la necesidad de lograr un consenso en la Cámara Alta, apuntando a que es un tema sensible.
