La Cámara de Comercio de Cauquenes realizó una denuncia formal a la Delegación Presidencial de la provincia en contra de la jefa de gabinete de la cartera que representa al presidente Boric en la zona.
El gremio entregó una carta en la oficina de partes y la publicó en un diario local donde aseguraron trato despótico de parte de Paz Gajardo, jefa de gabinete del Delegado Presidencial Provincial Juan Reyes, en el marco de una reunión solicitada en materia de seguridad que no contó con la presencia de Carabineros ni de la PDI, como solicitaron los comerciantes. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio de Cauquenes, Cesar Valdés.
«Enteramente molesto con respecto a la actitud que desde comienzo adoptó esta niña, en realidad fíjate que nos cambió el escenario de esta reunión, hasta de no invitar a Carabineros ni PDI, una solicitud que nosotros habíamos pedido encarecidamente, por ser una reunión de seguridad ciudadana. Sin embargo ella de forma arbitraria se tomó la libertad de omitir esa invitación y al final la verdad no logramos nada. Me molestó mucho porque era una reunión súper programada, con tiempo y a las condiciones que ella nos dio y al final, nosotros salimos muy molestos perdimos una hora y media de tiempo, y tomó una actitud muy déspota y autoritaria», señaló Valdés.
El dirigente agregó que el trato que recibieron de parte de la jefa de gabinete de la Delegación Presidencial de Cauquenes está lejos de lo pregonado por el Gobierno de Gabriel Boric.
«La verdad es que ese trato que venga de una autoridad tan importante como es el brazo derecho del delegado, nos parece inoperante, extraño para todos en realidad, incluso hasta para el gobierno local que consideramos que tiene una persona así que está lejos de lo que quiere el Gobierno, que es un Gobierno cercano a la gente con participación ciudadana, sin embargo en estás actitudes encontramos que dieron un giro totalmente distinto a lo que todos queremos», sentenció.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Cauquenes no ha existido pronunciamiento ante un nuevo cuestionamiento ciudadano en torno al trato con la comunidad, siendo el último el relacionado con acusaciones de intervención en un establecimiento educacional con presiones a estudiantes para tomarse un liceo.
