«Nos hemos querellado tanto por lo sucedido en Valparaíso como también lo sucedido en Santiago, entonces el Gobierno está actuando y se ha querellado bajo lo que establece nuestro código penal», dijo la vocera Camila Vallejo.
Luego de que un grupo de diputados de la UDI le enviara una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando la querella por lo ocurridos en Valparaíso, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó que La Moneda vaya a presentar una querella por Ley de Seguridad del Estado tras la polémica performance realizada con un bandera chilena en un acto del Apruebo.
Otro grupo de diputados que reveló su disgustó fue la bancada de diputados RN, quienes pidieron a Contraloría regional de Valparaíso, sancionar a la delegada presidencial, Sofía González, por no denunciar el hecho por la misma Ley de Seguridad Interior del Estado.
Sobre este punto, la ministra Vallejo indicó que «es importante decir que como gobierno esperamos las condenas transversales a los hechos de violencia y si bien son legítimas estas solicitudes, también esperamos que haya un estándar respecto a todos los hechos de violencia y no solo algunos (…) tiene que haber una condena y una crítica transversal a aquello», detalló.
Sobre las querellas presentadas, la autoridad manifestó que «hemos tomado acciones, y nos hemos querellado tanto por lo sucedido en Valparaíso como también lo sucedido en Santiago, entonces el gobierno está actuando y se ha querellado bajo lo que establece nuestro código penal».
«Si a la oposición no le parece, está bien, es legítimo, pero nuestro gobierno está estableciendo acciones y no solo declaraciones», concluyó.
El fiscal regional (s) de Valparaíso y fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, indicó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de ultraje público a las buenas costumbres, tras lo sucedido en fin de semana.
Igualmente indicó que se puede configurar el delito de ultraje a la bandera, sin embargo, precisó que para que la Fiscalía investigue respecto a eso último se requiere invocar a la Ley de seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior o la Delegación Presidencial Regional.
