Mucha agua ha pasado bajo el puente después de la muerte de Lissette Villa en el 2016. Una pequeña que falleció mientras estaba a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename). Su caso encendió las alarmas y puso en evidencia que algo debía hacerse pronto.
Informes, entrevistas, investigaciones y todo se selló recientemente con el rechazo del trabajo entregado por la comisión de la Cámara de Diputados. A juicio de los conocedores en el tema, el problema de fondo es otro y va más allá de buscar culpables.
Andrés Fresno, psicólogo y académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca (Utalca), experto en desarrollo infantil, maltrato y trauma, el meollo del asunto es claro.
“Lo ocurrido durante años con la infancia en Chile y en particular lo referido al Servicio Nacional de Menores, nos muestra que estamos fracasando como sociedad. Cuando no somos capaces de proteger y fomentar el desarrollo de nuestros niños estamos fracasando como seres humanos. Esa es la magnitud de lo que ocurre en Chile. Según las cifras de Unicef, aproximadamente el 70% de los niños en nuestro país ha experimentado maltrato por parte de sus padres, es decir 7 de cada 10 niños”, explicó.
En el país, el Sename atiende a más de 150 mil menores vulnerados en sus distintos programas, que van desde diagnóstico a centros residenciales en los que viven 16 mil niños en la Región del Maule.
Sin embargo, la derivación a estos centros parece no ser garantía de que sus derechos no se vulnerarán más.
La mayoría llega allí porque en el tribunal se comprobó que eran víctimas de abandono, orfandad, tenían algún tipo de trastorno psicológico o eran infractores.
Para Fresno “muchas veces el contexto familiar en vez de proteger del abuso, aumenta las probabilidades de vivir maltrato infantil. Por otra parte, en los casos en los que el maltrato infantil es tan evidente que el Estado decide sacar a los niños de sus familias y ponerlos al cuidado de organismos ‘especializados’, nos enteramos que en muchos casos el maltrato continua, aumenta e incluso favorece que estos niños mueran”, como fue el caso de Lissette Villa.
PREOCUPACIÓN NACIONAL
De acuerdo con los expertos, la preocupación por la niñez vulnerable es muy parcializada, solo algunos políticos y ciertos sectores de la sociedad se fijan en ella.
Rosario Spencer, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Utalca, tiene una postura clara.
“Cuando se escucha hablar de infancia, los discursos desde una ideología adultista ponen al niño como un proyecto de, y no como un ser en sí, con necesidades, derechos, preocupaciones y un sinfín de particularidades. Sin ir más lejos, nuestro país ratificó en el año 1990 la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la cual representa una reivindicación de los niños como personas. Sin embargo, llama la atención el que fuera necesario establecer una convención específica para proteger sus derechos, ¿acaso quedaban excluidos de la Declaración de los Derechos Humanos? o ¿tendríamos que tener derechos humanos “adultos” e “infantiles”?”, cuestionó Spencer.
La experta añadió que “sin desconocer en ningún caso la importancia de los derechos de los niños, me parece que es un síntoma más de la dificultad social que hemos tenido de considerar a los niños como seres de igual valor que los adultos”.
Por su parte, el psicólogo Andrés Fresno agregó que “independientemente del lazo de consanguineidad que mantengan con el niño los padres, madres, cuidadores institucionales, abuelos, tíos, nanas, profesionales de contexto preescolar; lo extendido del maltrato infantil y la violencia brutal ejercida por personas que desempeñan funciones en organismos estatales en contra de los niños más vulnerables y vulnerados del país, es la prueba de que en Chile los niños no son respetados como seres humanos”.
FALENCIAS INSTITUCIONALES
Isaac Ravetllat, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Utalca y subdirector de la Asociación Mundial para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia es enfático respecto a las fallas institucionales.
“El Sename arrastra demasiados años de falencias, el solo hecho de pronunciar esas siglas ya genera desconfianza en la ciudadanía en general, así que ha llegado el momento de desmantelar por completo esa vieja y caduca estructura de protección a la infancia y construir desde cero un nuevo sistema integral de garantías para la infancia y la adolescencia”, sostuvo.
La pregunta obligada es cómo hacerlo y desde dónde empezar.
Para Ravetllat, “lo ideal sería desdoblar, como parece que es la idea de los proyectos de ley, las funciones que a día de hoy realiza el Sename en dos servicios: uno destinado a la atención y protección de la infancia y la adolescencia, que pasaría a depender del Ministerio de Desarrollo Social; y otro vinculado con la responsabilidad penal adolescente que se mantendría en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
Según el académico, lo anterior permitiría desjudicializar el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia, que la declaración de que un niño o niña se encuentra en situación de desamparo deje de ser decretada por un juez de Familia y lo haga un órgano de la administración. Con ello se ganaría en rapidez a la hora de intervenir.
Finalmente para los especialistas es de vital importancia que en la atención a la infancia y la adolescencia se hagan los esfuerzos que sean necesarios para potenciar los acogimientos familiares de los niños y niñas tutelados por la administración y que el ingreso de un niño o niña a un hogar sea el último recurso.
