Cinco días hábiles tiene el Presidente Gabriel Boric para responder un requerimiento de la Contraloría General de la República.
El organismo envió esta tarde un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Giorgio Jackson, pidiendo detalles de la reunión que sostuvo el Mandatario con la nueva directiva del Partido Socialista, encabezada por Paulina Vodanovic, el viernes pasado.
“Pase al Ministerio Secretaría General de la Presidencia copia de la presentación formulada por los Diputados señores Hotuiti Rangi Teao Drago, Juan Francisco Undurraga Gazitúa y Jorge Guzmán Zepeda, a fin de que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo al tenor de lo expuesto por los solicitantes, en el plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio. Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata“, se lee en el oficio al que accedió el medio digital La Tercera. A ellos se sumarán durante las próximas jornadas otros oficios dirigidos directamente a la Presidencia, según confirmaron desde la Contraloría.
Todo se enredó cuando, a pocos minutos de iniciado el encuentro, el diputado y vicepresidente de la colectividad, Leonardo Soto, publicó un video en sus redes sociales, asegurando que se trataba de una reunión de coordinación para la campaña del Apruebo.
Y si bien el legislador borró el tuit y aclaró la situación calificándola como un error, esta mañana la oposición presentó una serie de denuncias en contra del Ejecutivo, acusando intervencionismo electoral de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre.
El impasse preocupó a La Moneda, justamente, porque instaló dudas sobre la prescindencia que ha comprometido el gobierno en el marco del proceso eleccionario y cuyos márgenes definió en abril la propia Contraloría.
El instructivo, emanado por el órgano liderado por Jorge Bermúdez, advierte que los funcionarios públicos no podrán participar de actos electorales mientras se encuentren en su jornada laboral ni cuando se vean involucrados recursos públicos.
El gobierno ya había sido oficiado por el entre contralor por su campaña “Hagamos Historia”, que -según el Ejecutivo- tenía un carácter meramente informativo.
