La creación de un Fondo Regional de la Infancia con cargo al 2% del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR), propuso la ex ministra de Estado y candidata a Senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón, quien dijo que el Maule no puede esperar a que haya soluciones desde el nivel central si cuenta con recursos para preocuparse por los niños en riesgo social, y en particular de aquellos que se encuentran en residencias al cuidado del Estado o de particulares por encargo del Estado.
“La discusión está fuera de foco. Hoy no podemos quedarnos en informes ni en acusaciones, porque es hora de las soluciones, de preocuparnos de los niños y de generar las condiciones necesarias para que nunca más nos avergoncemos por muertes y malos tratos a nuestros pequeños. Hay que actuar y si a nivel nacional no hay acuerdo, hagámoslo desde esta región. Creo que existe la altura de miras y la generosidad política para hacerlo”, dijo la ex secretaria de Estado.
Ximena Rincón planteó que cuenta con una batería de propuestas concretas, que van orientadas al fondo del problema y no a sacar algún provecho político barato de un problema país.
La candidata al Senado propuso crear un sistema de subvenciones de acuerdo a estándares internacionales, en que se prioriza y profundiza el trabajo con las familias, incluyendo a la familia extensa.
“Si no es posible vincular al menor con su familia, hay que priorizar la protección de los niños en familias de acogida y así evitar su ingreso a instituciones saturadas, que funcionan deficientemente”, propuso Ximena Rincón, quien recalcó que el sistema de subvención debe cambiar de foco y pasar desde el actual, que privilegia el financiamiento de la demanda y en particular por niño atendido, a uno que priorice el logro efectivo de los objetivos de cuidado y atención de los pequeños.
Al respecto, Ximena Rincón dijo que el 2% para la infancia en el Maule puede servir para apoyar programas de familias de acogida, evitando que los niños sean separados de sus familias e ingresen a residencias o también para aumentar los recursos que destina el Estado para la atención, tratamiento y reparación de niños y niñas vulnerados en sus derechos.
“Con el aporte del 2% del FNDR podríamos gestionar un servicio de calidad, con profesionales con amplia experiencia que puedan hacerse cargo de los complejos casos que el sistema atiende mal”, concluyó.
