Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca (Utalca), reveló que en materia de derechos constitucionales para los extranjeros residentes la “Igualdad ante la Ley” es en un 49% “menos favorable” respecto de los chilenos.
Al dar a conocer los resultados del sondeo realizado en las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Independencia y Recoleta, el director del Centro, Medardo Aguirre, observó que el 46,1% de los consultados manifestó la misma percepción desfavorable respecto de la protección de la salud, mientras que el 44,1% coincidió con dicha opinión frente al derecho a sindicalizarse.
Agregó que igual percepción negativa fue declarada, en un 42%, sobre el derecho a la seguridad social. Para el 40,2% tampoco es auspicioso el cumplimiento de la garantía de libertad al trabajo y a su protección, en tanto que el 39,2% manifestó la misma impresión respecto del derecho a la educación.
“Sobre los derechos constitucionales considerados en el estudio entre el 40% y 50% consideró que la situación para los extranjeros residente es menos favorable que para los chilenos, destacándose la ‘Igualdad ante la Ley’ como el menos igualitario”, resumió.
Agregó que, si bien hay matices, quienes más declaran sentirse afectados por esta inequidad son las personas de niveles de ingreso inferiores a 600 mil pesos y tiempo de residencia en el país inferior a 3 años.
No obstante, Aguirre advirtió que, entre los grupos consultados, los migrantes peruanos son los que, en un 70%, se sienten en igualdad de condiciones frente a la población nacional.
“Probablemente, eso tiene que ver con el hecho de que es la migración más antigua y numerosa que hay en Chile, está más consolidada de modo que, cuando llegan personas de ese país, encuentran aquí mejores redes de contacto. Creo que bajo la perspectiva de los chilenos se ve la migración peruana con bastante más naturalidad, mientras que la nueva migración todavía la observan como un fenómeno extraño”, comentó.
En este contexto, el director Medardo Aguirre, señaló que “la situación irregular de permanencia en el país, que en cierta medida está asociada al tiempo y complejidad de la tramitación burocrática de regularización de permanencia, es un problema que debe mirarse con especial énfasis, puesto durante ese período de tiempo estas personas tienen dificultad para ejercer sus derechos ciudadanos”.
“Hay posturas que plantean que en una legislación moderna relativa al problema migratorio, deberían prevalecer los derechos humanos por sobre los derechos constitucionales; teniendo en consideración que los inmigrantes en situación irregular, son personas”, remarcó.
A la presentación del estudio asistieron los representantes de la Coordinadora de Migrantes Sol, Patricia Hidalgo y David Flores, quienes valoraron el informe.
“Me parece muy interesante el estudio, porque al final estás diciendo: aquí hay un fenómeno que está ocurriendo en el país, no nos hagamos los locos, la gente no viene de turista o a estudiar, hay un alto porcentaje de ellos que vienen a trabajar, a quedarse, por lo tanto, ¿qué legislación tenemos para poder cuidar los derechos de esas personas?”, planteó Flores.
