El gas se ha tomado la agenda desde que la Fiscalía Nacional Económica señaló que podría haber un caso de colusión en el mercado de distribución del recurso. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), Nolberto Díaz, abordó el tema en Palabra que es noticia, de Radio Futuro.
Si bien el líder gremial detalló que están trabajando en conjunto con las municipalidades (quienes tienen como objetivo la iniciativa de “gas popular”, a fin de vender el producto a menor precio), esta misma comunicación directa ha influido en ellos como trabajadores: “hemos estado en diferentes comunas y creemos que es urgente, no solo hacer una corrección, creemos que la Fiscalía Nacional Económica no puede perder más tiempo. Debe aceptar la recomendación de la Cámara Baja, ya que ha salido un informe categórico que se presentan cargos por un evidente acuerdo de las empresas”, dijo Díaz.
Desde el mismo gremio ven una necesidad en dos aspectos en relación a este mismo tema: por una parte, desde el punto de vista legal, “para hacerse cargo de un servicio social”: “la gente solo depende de este para cocinar o prender la ducha, no hay otras opciones. Por lo tanto, es un servicio esencial. Si, además, en Chile el 80% de la población no tiene gas natural, requieren de gas licuado,entonces hay exigencias legales que se darán en el parlamento y hay otras vinculadas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que ha tenido una actitud cómplice donde nunca han hablado”, señaló el timonel.
Desde el punto de vista económico, Díaz apuntó al rol mismo que ha tenido la Federación que preside. “Nuestro rol ha sido denunciar, transparentar, clarificar cuál es el verdadero del gas licuado, que es el sacado de la ENAP, el que vale 8.300 pesos los 15 kilos. en julio alcanza los 9 mil pesos y en esa misma fecha se cobraba 21 mil pesos, eso es un 150% más caro de cómo lo vende ENAP”, indicó.
Sin embargo, uno de los aspectos importantes en el conflicto por el precio del recurso natural es el de los distribuidores. Por ello, la sugerencia desde la Federación es que “la ENAP debería venderle directamente a los municipios, y que después puedan hacer un convenio comercial con estos pequeños distribuidores”.
“Soy partidario de proteger las pequeñas empresas, hay que liberarlos, han sido secuestrados por las grandes empresas que los obligan a usar el color y el logo de las empresas, cuando ni uno de los trabajadores que reparten gas trabajan para las empresas grandes, entonces se necesita una protección a esos trabajadores”, concluyó Díaz.
