En julio de este año, el país se conmocionaba con el hallazgo de un esqueleto humano al interior de una vivienda en Curicó, el cual pertenecía a una mujer adulta mayor que llevaba aproximadamente una década fallecida.
Tras meses de investigación, se descubrió que la hija de esta mujer, identificada como Ketty Cáceres, hacía creer a los vecinos del sector que su madre se encontraba en un hogar de reposo, mientras ella cobraba su pensión.
Según consignó la revista Sábado de El Mercurio, la hija de Ketty Cáceres, mujer de 91 años que fue encontrada en estado esquelético y con una data de muerte de al menos 10 años en su domicilio de Curicó, hasta 2017 continuó recibiendo la pensión mensual de 576 mil pesos que le correspondía a su madre, proveniente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena.
Fue el 3 de septiembre de ese año, en que los pagos se entramparon, debido a la presencia de documentación incompleta y luego falsa presentada por la hija de la anciana fallecida.
La nota periodística señala que: «Desde Capredena, cuentan que Ketty Cáceres siguió recibiendo, hasta junio de 2017, su montepío como familiar de un funcionario del Ejército fallecido, y que ascendía a 576 mil pesos brutos mensuales. Desde la institución explican que desde 2009 el pago se hacía a la hija de la beneficiaria, un trámite que debía renovarse cada dos años».
«Ese proceso se complicó el 3 de julio de 2017, cuando detectaron que el poder entregado por la mujer tenía la firma y timbre de un oficial del Registro Civil, pero no del notario, como exigía la normativa, así que fue rechazado», agrega.
La publicación además establece que: «ante la devolución, dos días más tarde la hija ingresó un nuevo documento. De Capredena aseguran que corroboraron con el notario aludido que el papel era falso, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que derivó la causa a Curicó y se determinó el fin del pago de la pensión».
Finalmente, la Revista Sábado, cierra explicando que: «la causa se archivó hasta ahora, cuando la fiscal Lucy Bustamante, a cargo de la investigación por el hallazgo del cadáver de Ketty Cáceres, decidió sumarla como antecedente a la indagatoria de la PDI«.
La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.
