Hasta la Fábrica de Accesorios y Muebles de Oficina “Faymo” de Talca llegó el seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, junto a su par de Trabajo, Elia Piedras, y la directora regional de Senadis, Carla Matteo, para conocer la experiencia inclusiva de la empresa, donde trabajan seis personas en situación de discapacidad.
La visita fue aprovechada por las autoridades para anunciar la aprobación de la Ley de Inclusión Laboral, iniciativa que asegura la igualdad de oportunidades e inclusión, tanto en el ámbito público como privado a través de una reserva legal de empleo, que llega al 1% para las empresas con cien o más trabajadores.
Además, elimina la discriminación salarial que existe respecto de los empleados con discapacidad mental, entre otras medidas.
“Con esta Ley estamos proporcionando más protección social, pero también dignidad para las personas en situación de discapacidad que en nuestro país representan 2 millones 600 mil personas, 155 mil de ellas con residencia en el Maule. Así que esperamos que las empresas sigan la línea la fábrica donde estamos, que como hemos conocido, ha sido una experiencia totalmente positiva tanto para sus dueños como para los empleados, especialmente considerando que en el Maule apenas el 13,4% de las personas discapacitadas trabajan”, señaló Letelier.
Por su parte, la seremi del Trabajo destacó que esta normativa viene a reconocer un derecho que históricamente se les ha negado a las personas en situación de discapacidad.
“La fiscalización está a cargo de la Dirección del Trabajo y el SII, y nos va a permitir, entre otras cosas, resguardar la cuota legal y que no exista esa discriminación odiosa de que las personas con discapacidad mental tengan un salario inferior al salario mínimo”, enfatizó.
Mientras que el dueño de Faymo, Gastón Díaz, aseguró que contrata personas en situación de discapacidad porque son leales, trabajadores y cumplidores.
“La experiencia ha sido sumamente positiva. Todos se han superado acá y son unos profesionales óptimos”, resaltó.
NUEVA LEY
La Ley de Inclusión Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan cien o más trabajadores.
Además, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad y deroga el artículo N° 16 de la Ley N° 18.600 que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo”.
La Dirección Nacional del Servicio Civil y Senadis serán los responsables de velar por su cumplimiento en el caso del sector público, y la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos en el caso de las empresas privadas.
Mientras que los Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.
Cabe consignar que en el sector privado hay más de 7 mil 600 empresas que cumplen con el requisito de tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad. En el caso del sector público, hay 158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.
Se espera que la ley se comience a aplicar en enero del próximo año.
