La Contraloría General de la República detectó irregularidades, como el pago con sobreprecio, en la compra -realizada a mediados de 2020-, de 30 mil litros de cloro y 3 mil test de Covid-19 por la Municipalidad de Linares.
El organismo fiscalizador observó que la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) adquirió, bajo trato directo, 6 mil bidones de 5 litros de cloro al proveedor don Pedro Romero Orellana, por $32.130.000,
Por otra parte, se verificó que el Departamento de Salud Municipal (DESAM) pagó la suma de $64.260.000 al proveedor Inversiones y Asesorías Nodo Chile SpA por 3 mil kits de test de Covid-19.
En comparación con los precios cotizados por Contraloría, se estableció que el municipio pagó $24.390.000 de más por el cloro y $49.260.000 adicionales por los test, es decir, ambas compras representaron un sobreprecio de $73.650.000.
“Las situaciones descritas, se contraponen a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias de los fondos y bienes públicos, según lo establecido en los artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336. Del mismo modo, no se avienen con lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deben velar por la eficiente e idónea administración de los caudales públicos”, indica Contraloría en su informe.
ALMACENAJE Y ETIQUETADO
Más allá del dinero pagado de más, el fiscalizador encontró otras irregularidades.
El 20 de abril de 2020, el municipio recibió conforme los 30 mil litros de cloro, pese a que no contaban con el etiquetado para sustancias peligrosas, algo que fue regularizado por el proveedor entre el 11 y el 13 de mayo, situación que contravenía la normativa vigente.
Por otra parte, se constató que el lugar de almacenamiento para los mencionados bidones de cloro fue un recinto al interior del Instituto Politécnico Ireneo Badilla Fuentes, el cual no estaba habilitado con los requerimientos técnicos para la custodia de este tipo de productos químicos.
Un hecho particular, es que se verificó en el lugar la existencia de 5.987 bidones, determinándose un faltante de 13 unidades, equivalente a 65 litros de cloro, el cual no fue debidamente justificado. El municipio cuenta con 60 días para entregar los respaldos que demuestren el ingreso de los elementos restantes.
Debido a esto, Contraloría instruyó un sumario administrativo, que se suma al ya iniciado por el propio municipio, que aplicó una medida disciplinaria al funcionario responsable.
