Bajo fuerte resguardo policial, comerciantes de la “Feria de las Pulgas” de Talca marcharon por las principales calles de la ciudad, llegando hasta el frontis de la Municipalidad, exigiendo ser atendidos por el alcalde Juan Carlos Díaz, en protesta por no haber sido considerados en la nueva ordenanza municipal para este tipo de locales.
El abogado Gabriel Rojas señaló que estas prácticas son un claro intento de privatización que no aceptarán.
“No vamos a aceptar que se criminalice la ‘Feria de las Pulgas’. No vamos a aceptar que se privatice, porque la ordenanza, incluso-, entrega la posibilidad que el alcalde pueda privatizar la ‘Feria de las Pulgas’ como han sido otros espacios de Talca. Nosotros necesitamos que las organizaciones sindicales representen a los trabajadores de las ferias y también lo que necesitamos es que ésta sea construida con los dirigentes y para nuestra gente. No podemos excluir a ninguno, porque todos los que están trabajando ahí lo hacen porque tienen necesidades económicas y lo que hace esta ordenanza es marginarlos, es excluirlos y discriminarlos”, sostuvo Rojas.
Acusan de estar siendo objeto de una práctica anti-sindical, por cuanto en la elaboración de la ordenanza se está trabajando con personas que no son representativas de los comerciantes, con las cuales se está incluyendo una aplicación de multas de hasta $ 467.000 para quienes no acrediten la procedencia de los productos que ponen a la venta.
También participó en la marcha el concejal de Talca, Hernán Astaburuaga.
“La ordenanza es completamente coercitiva, ya que impone sanciones que son irrisorias. Le entrega facultades absolutas al alcalde y a los funcionarios municipales de inspección para requisar mercadería, impone sanciones que son extremas: más de $ 400.000 de multa si se pasan en un minuto después del cierre de la feria. Consideramos que no corresponde. La forma de construir ciudad es a través del diálogo y las mesas de trabajo y ahí sentimos que esta administración está fallando. No toman en cuenta a nuestros dirigentes”, sostuvo el edil.
La privatización significa que un externo se encargaría se la cobranza de la feria, sin importar que los comerciantes han realizado donaciones al Cuerpo de Bomberos.
Para la vocera del Sindicato María José Espinoza, la ordenanza es abusiva, ya que se ven vulnerados los derechos de los trabajadores.
“Se está haciendo discriminación con algunos sectores, ya que no podían trabajar personas feriantes que nosotros tenemos en estos momentos que pertenecen a las comunas de Maule, San Clemente, San Rafael. Es decir, solos los talquinos podrían trabajar, vulnerando el derecho de las otras personas que también están llevando el sustento a sus hogares”, dijo.
La marcha concluyó en la misma reunión de Consejo en donde al jefe edilicio se le recriminó por no considerarlos en la mesa de trabajo.
