El Gobierno decidió expulsar a 53 migrantes que fueron detenidos cometiendo delitos durante la crisis social, de los cuales ya ha firmado 34 decretos de expulsión, mientras que 12 se encuentran en trámite y siete están en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
La mayoría de las expulsiones están asociadas a personas que fueron detenidas en medio de saqueos. En específico, el 68% de los migrantes que ya fueron notificados del proceso fueron arrestados en medio de robos en supermercados y tiendas comerciales, según informó La Tercera.
Entre los extranjeros ya notificados de su expulsión, se encuentran 13 peruanos, seis venezolanos, seis colombianos, cuatro ecuatorianos, tres dominicanos, un boliviano y un haitiano.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que: «Esto es parte de lo que hemos impulsado como una política desde el Ministerio del Interior».
«Chile es un país abierto a la migración y acoge sin problema a quienes quieran venir a vivir a nuestro país, sin embargo, eso también tiene una responsabilidad, ajustándose a nuestras leyes y normas, y más sobre todo en medio de los desórdenes ocurridos post 18 de octubre, que era cuando el país más necesitaba tranquilidad en el orden público», agregó.
Galli sostuvo que: «Hemos sido tajantes y lo seguiremos siendo: todas las personas extranjeras que participen en saqueos, agredan a las fuerzas policiales y cometan delitos en una situación migratoria irregular, serán expulsados de nuestro país».
«Además, hoy en una instancia de pandemia y crisis sanitaria, más que nunca se requiere que las personas cumplan con las disposiciones para cumplir el orden público», indicó.
La autoridad precisó que todos los expulsados son personas que estaban en una situación migratoria no regularizada.
Las cifras de deportados podrían seguir aumentando, debido a que hay procesos penales que aún están vigentes, por lo que cuando terminen, otros extranjeros también podrían ser parte del proceso.
Sin embargo, Galli advirtió que estos números «no son un porcentaje relevante», al compararlos con la totalidad de detenidos durante la crisis social.
