- Según explicó el investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES), Guillermo Riquelme, el 65% del total de los afiliados sólo podría retirar un monto menor al mínimo informado (35 UF o $1.000.000). Además, las personas con ingresos más altos, que deseen retirar sus fondos, tendrán que pagar el impuesto a la renta correspondiente en el global complementario.
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de Reforma Constitucional para permitir el retiro de fondos de las AFP, moción que permite a los afiliados del sistema privado de pensiones retirar el 10% de los montos acumulados.
Desde sus primeros planteamientos, la medida ha contado con defensores y detractores, quienes en su mayoría se han centrado en el porcentaje de retiro, pero no han puesto el acento en las cifras de esos posibles retiros, las cuales serían disímiles y en su mayoría inferiores al tope máximo permitido de 150 UF (aproximadamente $ 4.300.000).
Así lo explicó el doctor Guillermo Riquelme, investigador del Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, quien apunta que la mayor parte de los afiliados podrá retirar un monto inferior a dicha cifra, incluso, menor al mínimo informado (35 UF o $1.000.000).
Esto es así ya que los saldos (ahorros) de los afiliados en sus respectivas cuentas de capitalización individual presentan un acumulado inferior a dicho monto.
“Los datos son impresionantes. El 65% del total de los afiliados, que equivale aproximadamente a siete millones de personas, sólo podría retirar un monto menor a dicho mínimo, de hecho la cifra en promedio se sitúa en torno a los 500 mil pesos. Además, sobre tres millones de personas podrían quedar con cero pesos en su cuenta individual, dado que no tienen más de 1 millón de pesos en ahorros”, enfatizó el experto, quien además advierte que sólo 274 mil personas, lo que equivale a apenas un 2,5% del total de los afiliados al sistema de AFP, podría retirar cerca del tope máximo permitido ($4,3 millones).
A juicio del investigador del CEGES, las diferencias son notables y dan cuenta de la gran desigualdad socioeconómica del país.
POCO INCENTIVO PARA COTIZAR
Dada la moción, se genera un paradójico escenario, puesto que el grueso de la población chilena cotizante recibe en promedio una pensión de vejez que no sobrepasa los $155 mil. El bajo monto no representa un incentivo, sumado a que por Pensión Básica Solidaria (PBS), una persona que nunca ha cotizado puede percibir $165 mil.
“Es por ello que muchas personas de bajos ingresos consideran que el retiro de sus escuálidos fondos de las AFP no les perjudica mayormente. Situación que es radicalmente distinta para las personas de altos ingresos y próximos a jubilar, con grandes fondos acumulados en sus cuentas de AFP. Para ellos sacar fondos es muy perjudicial, ya que por un lado el retiro de fondos implica liquidar inversiones en acciones y bonos en el mercado de capitales, lo que hará bajar el precio de estos títulos, generando consecuentemente una pérdida de rentabilidad de los fondos de los mismos afiliados”, sostuvo Riquelme, quien además apunta que al retirar los fondos las personas con ingresos altos deberán pagar impuesto a la renta en el global complementario, lo cual desincentiva el retiro de sus fondos.
BRECHA DE GENERO
El analista señala que los saldos acumulados promedio de las mujeres en edad de jubilación (60 años) no alcanzan los $20 millones, a diferencia los hombres en edad de jubilar (65 años) quienes alcanzan, en promedio, los $50 millones.
Dichas cifras son antecedente de “la gran brecha de género respecto a la renta imponible, que en perjuicio de la mujer da cuenta de menores salarios y mayores precariedades de seguridad social. Ellas, que han sido las más afectadas en sus ingresos en esta pandemia, son a su vez las que menos dinero podrían retirar de la AFP, dado sus bajos ahorros”, precisó Riquelme.
Finalmente el experto subrayó que luego de aprobada la propuesta en la Cámara de Diputados la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 3,67%. Aún aceptada la reforma, no existen garantías de que la misma sea una real solución a las dificultades económica de las familias chilenas.
