Parlamentarios y políticos han propuesto diferentes iniciativas en torno al retiro de pensiones por la emergencia sanitaria que se atraviesa a causa del Covid-19. El debate ha sido arduo y sin consenso alguno. Lo único claro hasta ahora, es que al igual como ocurrió con la crisis Subprime de 2008, el sistema de capitalización individual ha vuelto a estar en la palestra y han aumentado las voces que plantean que los perfeccionamientos al modelo no bastan, puesto que sería necesario recuperar un Sistema de Seguridad Social que garantice los derechos previsionales.
Al respecto, la doctora en Trabajo Social y académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule (UCM) sede Curicó, Nélida Ramírez, comentó que, la baja en la economía a causa de la pandemia, ha impactado negativamente los multifondos de las AFPs.
“Un informe publicado el diario La Tercera, señaló que los fondos más riesgosos han sufrido una caída, el multifondo A registró pérdidas por 11,04% en promedio, el fondo B ha caído 8,46% y el C un 5,34%. En contraste, los multifondos menos riesgosos han tenido pérdidas marginales o nulas. Los expertos indican que esta situación afecta directamente en el monto de las pensiones que percibirán los trabajadores (as) que están en edad de jubilarse”, indicó.
Por ello, mencionó que, a esta incertidumbre, se agregó la precaria situación laboral y el desempleo que enfrentan y enfrentarán los trabajadores producto de esta crisis, “En estas circunstancias aparecen propuestas para enfrentar los efectos de la crisis, una de ellas hace referencia al retiro de un porcentaje de los ahorros previsionales de parte de los cotizantes, lo cual les permitiría enfrentar este difícil periodo. En Perú, por ejemplo, el Congreso aprobó una medida para entregar a los afiliados de AFP un 25% de los fondos. Además, se propuso suspender el pago de cotizaciones durante la pandemia, junto con un anuncio presidencial de ‘revisar el sistema de AFPs’”, detalló.
SUPERÁVIT FISCAL
Según explicó la académica UCM, desde la Asociación de AFPs se considera que los fondos de pensiones están destinados a financiar pensiones, por lo que retirar fondos hoy significaría pensiones más bajas en el futuro.
“Desde el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), han propuesto distintas medidas para enfrentar la crisis, como la suspensión de la transferencia de las cotizaciones a las AFP, para que estos dineros se destinen al Tesoro Público y sean administrados por el Gobierno mientras dure la pandemia. La propuesta, tendría un ‘impacto fiscal positivo’, ya que ese dinero recaudado, cerca de 10 mil millones de dólares por año, el Estado puede duplicar las pensiones, pues al hacerlo se ahorra los subsidios que le pasa a las AFP. Si el Estado se hace cargo de todo el esquema de rentas vitalicias, eso genera un superávit fiscal del orden del 4,5% del PIB”, enfatizó la académica.
Y agregó que “de persistir la crisis, será necesario que las distintas propuestas sean evaluadas y se genere una alternativa de solución que asegure el resguardo de los derechos previsionales y permita a los trabajadores enfrentar el inestable escenario laboral”, dijo.
Cabe destacar que el sistema de seguridad social chileno desde la década de los 80 funciona bajo un régimen de capitalización individual, que es gestionado por entes privados, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP´s).
“Respecto a cobertura en atención de salud, coexiste un sistema público a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). Luego de muchos años de funcionamiento e identificadas las áreas de mejoramiento del sistema de seguridad social en su conjunto, existe un consenso nacional por la introducción de una serie de reformas. En el año 2008, se crea el Pilar Solidario que genera pensiones para las personas que se encontraban fuera de los beneficios del sistema previsional y en estos momentos se está comenzando una nueva reforma tanto para el sistema de pensiones como para el sistema de salud”, enfatizó Ramírez.
A esto se suma la declaración universal de los Derechos Humanos, donde se consignó que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
“En general, los países de América Latina cuentan con una sólida tradición en programas contributivos de seguridad social, que se han beneficiado del crecimiento del empleo, se han extendido progresivamente a grupos no-asalariados y han sido complementados por políticas no contributivas”, enunció.
Por lo que, continuó explicando que “El Código Iberoamericano de Seguridad Social en 1995 reconoció a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano, este derecho se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad. Por tanto, es una responsabilidad indeclinable de los Estados ratificantes establecer programas de protección social, que tiendan a garantizar a la población su derecho a la Seguridad Social, cualquiera que sea el modelo de organización institucional, los modos de gestión y el régimen financiero de los respectivos sistemas protectores que, dependiendo de sus propias circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales, hayan sido elegidos”, puntualizó.
