Las comunas de Curicó, Molina y San Javier, son las que encabezan la mayor cantidad de causas tramitadas por la Fiscalía por no respetar las medidas sanitarias impuestas por la autoridad para prevenir el Coronavirus.
Lo anterior quedó de manifiesto en un balance dado a conocer por el fiscal regional, Julio Contardo, ocasión en la que el persecutor informó que el ingreso de causas al Ministerio Público se ha mantenido con una tendencia a la baja de 3,6%, en relación al mismo periodo del año pasado.
Detalló que los delitos que presentan la mayor disminución son los robos no violentos, hurtos, ley de drogas y homicidios. Por el contrario, siguen al alza los ilícitos contra la salud pública y las estafas.
“Esperamos que la disminución de los delitos sea un reflejo de la realidad y no a una falta de denuncias. Es importante hacer un llamado a las víctimas o testigos a interponer denuncias, ya que existen múltiples plataformas para hacerlo”, precisó Contardo.
Resaltó que desde el 19 de marzo a la fecha la Fiscalía ha recibido 295 denuncias, las cuales se encuentran en etapa de investigación.
En específico sobre casos vinculados a la emergencia sanitaria, Contardo indicó que el Ministerio Público está indagando 1.502 causas, de las cuales 1.374 corresponden por infringir el toque de queda; 53 al quebrantamiento de uso de mascarillas en el transporte público o privado, ascensores o lugares que reúnan a más de 10 personas, 39 por desplazamientos a una segunda vivienda y 23 por incumplimiento de cuarentena.
“Estas cifras representan un aumento respecto de la semana anterior de 16,5%. Las Fiscalías con mayor cantidad de ingresos son Curicó, Molina y San Javier que superan, incluso, a la de Talca, que tiene un número menor en relación a la cantidad de habitantes”, precisó el fiscal regional.
INDULTOS
Sobre la aplicación de libertad de imputados en pandemia, recordó que el 17 de este mes fue publicada la ley 21.228 que concede un indulto general conmutativo por causa del Coronavirus, el que favorece a imputados mayores de 65 años de edad e imputadas mayores de 60 años, mujeres que viven con un hijo dentro de un recinto penal, embarazadas, imputados adultos o adolescentes con alguna situación de salud riesgosa de contagio.
“Esto sólo beneficia a personas condenadas, específicamente aquéllas que se encuentran en condiciones de salud vulnerable indicadas en la norma. No tiene aplicación respecto de personas que se encuentran sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva, con procesos pendientes”, explicó Contardo.
Sostuvo que la prisión preventiva se decreta y/o revoca para cada caso en particular por parte del tribunal competente, de acuerdo a las normas legales que la regulan y que no tiene ninguna incidencia en este caso la situación sanitaria.
“Sin perjuicio de lo anterior, se ha encomendado por parte del Fiscal Nacional, no obstante no ser materia de la ley, que los Fiscales Regionales consideremos y analicemos los casos en que se haya impuesto la prisión preventiva, tratándose de los imputados específicamente bajo esta norma (Ley 21.228)”, indicó el fiscal regional.
Contardo añadió que se tendrá en consideración para estos efectos la gravedad del delito, la pena asignada al mismo, el estado de avance de la investigación y de manera especial la seguridad de la víctima. Apuntó, en todo caso, que se estudiará la verdadera condición de vulnerabilidad de salud y que en caso de sustituirse la prisión preventiva por arresto domiciliario total o parcial, deberá cumplirse de manera efectiva.
“En la Región, los formalizados por delitos graves se encuentran sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva y ésta no ha sido revocada en la medida que concurran las condiciones establecidas en la ley”, puntualizó el fiscal Julio Contardo.
