Hasta la Contraloría y la fiscalía local de Talca llegó el concejal de San Clemente, Pablo Hernández, para solicitar que se investigue un eventual delito cometido en la compra de insumos por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), de la comuna.
El supuesto delito al interior del municipio sanclementino quedó al descubierto en noviembre pasado al percatarse que en una licitación pública se adquirió insumos originales para las impresoras del DAEM, pero al ser utilizadas se constató que eran alternativas, de una calidad y costo mucho menor al que se había pactado en la licitación pública…
Esto motivó una investigación sumaria a la que tuvo acceso el concejal Hernández y a la declaración del principal inculpado en la que relata de otra situación irregular cometida con anterioridad y por esa razón concurrió a la Contraloría y a la fiscalía local de Talca a solicitar que ese hecho fuese investigado.
“Tengo la percepción pero eso va a ser motivo de la investigación que se pueden configurarse sucesos que van mucho más allá de un tema administrativo, podríamos estar eventualmente ante la configuración de algún delito. Ojalá esté equivocado pero puede a lo mejor ser una práctica más habitual de lo que nosotros mismos pensamos, pero eso va a ser producto de la investigación”, indicó el concejal Hernández.
Desde el municipio sanclementino el propio alcalde, Juan Rojas, fue el encargado de indicar que el hecho en cuestión estás en manos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, a lo que se suma un sumario administrativo para determinar lo ocurrido y con ello las responsabilidades.
“Es doloroso, es triste, es vergonzoso pero ese es un proceso que está en investigación. Yo debo mantener la serenidad y hemos hecho los dos procesos que corresponde: poner en antecedentes a la Policía de Investigaciones; e instruir el sumario administrativo correspondiente. Una vez terminado ese proceso ahí se abrirán otras aristas, se concluirán, se aplicarán sanciones, vienen las apelaciones todo lo que corresponde, eso en lo administrativo, y en lo que es investigativo eso lo está haciendo la unidad que corresponde que es la Fiscalía en coordinación con la Policía de Investigaciones”, enfatizó el jefe comunal.
Asimismo, en torno a la denuncia presentada por el concejal desde el departamento jurídico del municipio, la asesora jurídica Susana Zamora, indicó que la información se obtuvo en el marco del sumario que está en curso y que solo una vez cerrada dicha investigación se podrá iniciar un proceso similar para determinar la veracidad de la denuncia.
“La denuncia efectuada por el concejal es con ocasión de una declaración que habría vertido el inculpado de este sumario administrativo que se está investigando en el marco investigación, quien indica un hecho ocurrido con anterioridad y que involucra a otro funcionario del departamento en ese hecho. Respecto a esa situación en específico la investigación está en tramitación. El estatuto administrativo establece que los sumarios son secretos hasta que no son cerrados y una vez que lo son se abren para efecto que el inculpado pueda formular sus descargos. La vista final no ha llegado al departamento jurídico ni al alcalde para efecto de tomar la resolución y por lo tanto no ha tomado conocimiento formal respecto al tenor de las declaraciones del inculpado en el proceso”, sostuvo Zamora.
Hasta la Contraloría y la fiscalía local de Talca llegó el concejal de San Clemente, Pablo Hernández, para solicitar que se investigue un eventual delito cometido en la compra de insumos por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), de la comuna.
El supuesto delito al interior del municipio sanclementino quedó al descubierto en noviembre pasado al percatarse que en una licitación pública se adquirió insumos originales para las impresoras del DAEM, pero al ser utilizadas se constató que eran alternativas, de una calidad y costo mucho menor al que se había pactado en la licitación pública…
Esto motivó una investigación sumaria a la que tuvo acceso el concejal Hernández y a la declaración del principal inculpado en la que relata de otra situación irregular cometida con anterioridad y por esa razón concurrió a la Contraloría y a la fiscalía local de Talca a solicitar que ese hecho fuese investigado.
“Tengo la percepción pero eso va a ser motivo de la investigación que se pueden configurarse sucesos que van mucho más allá de un tema administrativo, podríamos estar eventualmente ante la configuración de algún delito. Ojalá esté equivocado pero puede a lo mejor ser una práctica más habitual de lo que nosotros mismos pensamos, pero eso va a ser producto de la investigación”, indicó el concejal Hernández.
Desde el municipio sanclementino el propio alcalde, Juan Rojas, fue el encargado de indicar que el hecho en cuestión estás en manos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, a lo que se suma un sumario administrativo para determinar lo ocurrido y con ello las responsabilidades.
“Es doloroso, es triste, es vergonzoso pero ese es un proceso que está en investigación. Yo debo mantener la serenidad y hemos hecho los dos procesos que corresponde: poner en antecedentes a la Policía de Investigaciones; e instruir el sumario administrativo correspondiente. Una vez terminado ese proceso ahí se abrirán otras aristas, se concluirán, se aplicarán sanciones, vienen las apelaciones todo lo que corresponde, eso en lo administrativo, y en lo que es investigativo eso lo está haciendo la unidad que corresponde que es la Fiscalía en coordinación con la Policía de Investigaciones”, enfatizó el jefe comunal.
Asimismo, en torno a la denuncia presentada por el concejal desde el departamento jurídico del municipio, la asesora jurídica Susana Zamora, indicó que la información se obtuvo en el marco del sumario que está en curso y que solo una vez cerrada dicha investigación se podrá iniciar un proceso similar para determinar la veracidad de la denuncia.
“La denuncia efectuada por el concejal es con ocasión de una declaración que habría vertido el inculpado de este sumario administrativo que se está investigando en el marco investigación, quien indica un hecho ocurrido con anterioridad y que involucra a otro funcionario del departamento en ese hecho. Respecto a esa situación en específico la investigación está en tramitación. El estatuto administrativo establece que los sumarios son secretos hasta que no son cerrados y una vez que lo son se abren para efecto que el inculpado pueda formular sus descargos. La vista final no ha llegado al departamento jurídico ni al alcalde para efecto de tomar la resolución y por lo tanto no ha tomado conocimiento formal respecto al tenor de las declaraciones del inculpado en el proceso”, sostuvo Zamora.
