La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) confirmó la convocatoria para una huelga nacional para este martes 10 de diciembre, como una forma de expresar su rechazo la ley “antisaqueo” y “antiencapuchados”, despidos arbitrarios y el bajo reajuste salarial propuesto por el Gobierno.
Así lo explicó el vicepresidente de negociación y relaciones gubernamentales de la organización, Yuri Contreras, quien manifestó que los proyectos de seguridad presentados por el Ejecutivo atentan contra la libre expresión.
“Nosotros tenemos más de mil despidos. El día lunes debíamos tener una reunión con el Ejecutivo para revisar casos, sin embargo el Gobierno ha manifestado que esa reunión no va a ocurrir”, sentenció el dirigente.
Contreras añadió que “hemos sido claros en exponer nuestra posición con respecto al proyecto de ley ‘antisaqueos’ y consideramos que es una criminalización del movimiento social, y que coarta nuestra autonomía sindical”, sostuvo.
Asimismo aclaró que como ANEF condenan los actos de saqueos, pero que no quieren que se les quiten herramientas históricas de lucha de las organizaciones sociales y sindicales, las que han sido usadas en defensa de los más desposeídos del país.
“No queremos que el gobierno transfiera la crisis social a los bolsillos y salarios de los trabajadores públicos y privados, a través de los despidos y de la disminución de sus remuneraciones”.
Por lo tanto, acotó, “esta Confederación considera que luego de cinco reuniones entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno, las respuestas siguen siendo bajas y no vemos que se avance realmente en una negociación y diálogo. Por eso, nosotros, el día martes, vamos a esperar al ministro de Hacienda (Ignacio Briones) movilizados”, cerró Contreras.
Por su parte, el directorio nacional de la agrupación ratificó el compromiso de la organización con una Nueva Constitución democrática para Chile debatida en una asamblea constituyente; la defensa de los derechos humanos y la exigencia de juicio y castigo para sus responsables materiales y políticos; el avance de una agenda social real que fortalezca al Estado y la función pública al servicio de Chile.
