Metro de Santiago informó que el servicio en las líneas 1, 2 y 6 fue suspendido por completo, debido a desmanes que han sido causados por manifestaciones en medio de los llamados masivos a evadir el pago de dicho transporte. Junto a esto, se han debido suspender las combinaciones que tienen esas paradas.
De acuerdo a la empresa, la razón para suspender, en primera instancia las líneas 1 y 2 y posteriormente la línea 6, es porque actualmente no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores.
Desde Metro también informaron que los manifestantes han destruido y lanzado a las vías la infraestructura en algunas estaciones. Por ejemplo, en La Moneda de la Línea 1, quedó registrado en un video la acción de un manifestante que arrojó una pantalla a las vías.
La suspensión de dichas líneas ha provocado una gran congestión de pasajeros en los paraderos del Transantiago. Pese a que se dispusieron más buses para la movilización de las personas en varios puntos de la capital, mucho capitalinos han decido caminar para poder ir a sus destinos.
Desde los sindicatos de trabajadores del Metro de Santiago están exigiendo a la empresa que cierre todas las estaciones y que envíe a sus casas a sus trabajadores.
OTRAS ESTACIONES
De acuerdo al último reporte entregado por el Metro de Santiago, todas las líneas del Metro presentan algún problema. Por ejemplo, las estaciones Conchalí, Plaza Chacabuco, Cal y Canto, Universidad de Chile, Chile España, Parque Almagro, Ñuñoa, Ñuble y Villa Frei se encuentran cerradas en la Línea 3.
En la Línea 4 se encuentran cerradas las estaciones Tobalaba, Macul y Puente Alto, a ellas se suma La Cisterna en Línea 4A. En tanto en la Línea 6 no están habilitas Los Leones, Bío Bío y Franklin y en la Línea 5 no está funcionando Ñuble.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
En voz del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el Gobierno condenó las evasiones masivas y la violencia que se ha vivido en distintas estaciones de Metro durante los últimos días.
El secretario adelantó además que están realizando la recopilación de antecedentes para presentar querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado, que haría pagar con hasta 10 años de cárcel a quienes causen destrucción de las instalaciones si es que se comprueba que la intención real era afectar la seguridad Interior del Estado.
