Cinco días después de que Francisco Frei Ruiz-Tagle se autodenunciara por estafa y falsificación con los activos de su hermano el expresidente Eduardo Frei, por $4 mil millones, la fundación creada para resguardar y resaltar el legado de su padre, Eduardo Frei Montalva, llegó a un acuerdo para pagar una deuda de $48 millones vigente desde 2003.
La causa enfrentaba a la Fundación Frei con la empresa Asesorías Santa Catalina Limitada, y se mantenía en reserva a pedido de la parte acreedora por los efectos que tendría si salía a la luz pública por los efectos en la imagen de la familia en cuestión, considerando que había un exjefe de Estado involucrado, su esposa Marta Larraechea y su hija Magdalena Frei Frei, quienes figuran como representantes legales de la entidad.
Por ello y ante la eventualidad que ésta situación saliera a la luz en medio del efecto que tuvo la acción del hermano menor de los Frei-Ruiz Tagle, la hija de los Frei-Larraechea no quiso reconocer la deuda alegando la prescripción de ésta por el tiempo transcurrido.
El monto mencionado está dividido en cuatro partidas de dinero que la Fundación Frei recibió de la firma el 7 de agosto de 2003 por $30 millones; el 27 de mayo y el 6 de junio del mismo año otros $30 millones, mientras que el 29 de abril de 2004 por $20 millones.
Según el reportaje de Biobio, la negociación quedó plasmada el pasado 20 de agostoen un juicio que sustanció el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo.
El expediente indica que en sus primeras resoluciones, Astudillo citó el 2 de julio de 2019 a Frei Ruiz-Tagle y Larraechea a una audiencia para confesar lo adeudado.
El 8 del mismo mes el receptor judicial Claudio Cortés llegó hasta las oficinas de la fundación ubicadas en Hindemburg 683 para notificar el libelo. Pero los Frei-Larraechea no estaban, según indicó la subdirectora de la organización, Maite Gallego.
El 10 de julio Cortés volvió a la carga, pero tampoco pudo realizar la diligencia.
El 23 de julio acogió lo solicitado por Rabat y el 31 del mismo mes se llevó a cabo la “audiencia de confesión de deuda”. De acuerdo a otro escrito ingresado por Rabat el 8 de agosto, durante este último trámite judicial, se presentó Magdalena Frei Larraechea, como representante legal.
Interrogada por Astudillo, la mujer contestó: “No reconozco la deuda porque está prescrita”. Independiente de sus dichos, lo cierto es que el 31 de julio de 2017, en una escritura que consta en la Notaría San Martín, fue la propia Fundación Frei la que reconoció la deuda en una sesión de directorio.
Rabat insistió en que al invocar la prescripción, la mujer confirmaba de forma explícita la plata que la Fundación Frei le debía a Santa Catalina.
“Como se observa, al contestar en la forma que se hizo, la confesante se ha valido de una respuesta evasiva, que contiene aspectos contradictorios que permiten, en definitiva, dar por establecida la existencia de la deuda, de manera tal que ella debe tenerse por confesada y, en consecuencia, por preparada la vía ejecutiva”, escribió.
Al reconocer el monto, el ministro podía decretar el embargo de bienes con el fin de cancelar los más de $48 millones de pesos.
El mismo día Astudillo rechazó la alegación, por lo que Rabat recurrió el 14 de agosto pasado a la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar la decisión. Lo que de seguro Rabat desconocía es que al interior de la familia Frei, un escándalo financiero de proporciones estaba por estallar.
De allí en adelante, como una bola de nieve, Eduardo Frei Ruiz Tagle enfrenta dos demandas del Scotiabank por más de 472 millones de pesos y el posible embargo de sus bienes. Eso sin contar que las pérdidas de las sociedades Saturno y Almadena, vehículos de inversión del exjefe de Estado ascenderían a más de $7 mil millones.
