El sacerdote Luciano Arriagada fue formalizado esta mañana por el delito de abuso sexual impropio en contra de un menor de edad, Los hechos habrían ocurrido entre el 2014 y 2015 en momentos en que el ahora imputado frecuentaba la residencia de la familia de la víctima.
Así lo dio a conocer el fiscal a cargo de la causa que en la audiencia aportó antecedentes que no fueron suficientes para que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva.
El fiscal Gonzalo Pino indicó que “consideramos que es un peligro para la seguridad de la sociedad, básicamente por lo que señala la norma del artículo 140 (Código Penal). Estamos en presencia de un delito que tiene una penal grave, una pena de crimen , una figura que no es un evento único sino que es reiterado y además creemos que se da la circunstancia especial del artículo 368 esto es de que estamos ante la presencia de una persona -el imputado en este caso- forma parte de la iglesia y está dentro de las personas que están indicados en ese artículo”
Pese a los antecedentes expuestos por el ministerio público para solicitar la prisión preventiva del religioso y que obligó a la realización de un receso del tribunal para analizar en detalle la petición y con ello resolver, el tribunal determinó que no existen argumentos suficientes para la medida por lo que el imputado quedó sujeto a medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.
Para el jefe de la defensoría penal pública de Talca, abogado Joaquín García “el tribunal acogió nuestra petición en término de no existencia ni siquiera de elementos fundados para acreditar las existencia del delito. Es decir, tal como lo dijimos en la audiencia, todos los fundamentos del Ministerio Público provienen de una sola fuente que es la declaración de la presunta víctima y ella no es suficiente siquiera para estimar que la entidad de estas supuestas actuaciones de nuestro representado pudieran configurar el delito que el ministerio público pretende”.
Desde el Obispado de Talca se emitió una declaración pública que en su parte medular estable que fueron ellos los que presentaron la denuncia ante la fiscalía local de Talca tras recibir los antecedentes en agosto del año pasado. Además indica que está en desarrollo un proceso administrativo canónico al que se suma el alejamiento del religioso de sus labores parroquiales.
Mientras la fiscalía no descartó la posibilidad de presentar un recurso de apelación a la determinación del Tribunal de Garantía de Talca para revertir las medidas cautelares en contra del imputado.
