Entre 2017 y 2018 se interpusieron en Chile 389 demandas amparadas en la Ley Antidiscriminación que denunciaban haber sido discriminados arbitrariamente por causas como la orientación sexual, la identidad de género, el sexo, la nacionalidad, la raza o el sexo de las personas, entre otras.
Respecto de las causas de las denuncias las que más aumentaron en el periodo 2017-2018 fueron discapacidad o enfermedad, que creció de un 17% a un 30%, nacionalidad que lo hizo de un 8% a un 19%, orientación sexual, de un 13% a un 18% e identidad de género, de un 1% a un 3%.
Actualmente los índices de demandas en virtud de esta ley se encuentran estancados en no más de 72 demandas por año. De hecho, el año en que más demandas llegaron a presentarse fue durante 2015, cuando hubo 79.
Sobre el estancamiento el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que esto puede responder a múltiples factores, entre ellas, el costo del procedimiento, el tiempo de duración del mismo y, además, que la actual legislación permite que las multas sean atribuidas tanto al demandante como al demandado. “Resulta claro que la acción antidiscriminación está siendo poco utilizada, pues no es creíble que existan, en promedio, 6 situaciones de discriminación al mes en todo el país. En este sentido, resulta evidente que muchas situaciones de discriminación no son denunciadas, y por tanto, quedan en impunidad”, dijo Pi.
Así mismo, Pi se refirió a la importancia de que la normativa sea modificada para que, entre otras, cuente con una institucionalidad. “La Ley Antidiscriminación debe ser reformada en dos líneas fundamentales: en primer lugar, es urgente que se establezca una institucionalidad encargada de educar y prevenir que las situaciones de discriminación sigan ocurriendo; y segundo, es necesario reformar la acción judicial, eliminando desincentivos a su uso, como la posible multa al demandante y la imposibilidad de pedir una indemnización de perjuicios por parte de la víctima”.
