Una enorme operación de extracción ilegal de áridos detectó la Seremi de Bienes Nacionales del Maule en el sector de Villa Alegre y San Javier, donde se fiscalizó tres plantas y ninguna de ellas cumplía con los requerimientos de funcionamiento.
La extracción ilegal o irregular de áridos en el país es un problema que afecta a todos los chilenos por distintas razones, en primer lugar, porque al retirar áridos sin permiso ni evaluación de los efectos medioambientales, se pueden alterar los cauces de los ríos, provocando inundaciones como las que se han visto en el norte del país. También se pueden socavar construcciones como puentes, con el consiguiente peligro que esto conlleva.
“Tal como hemos dicho en reiteradas oportunidades, no aceptaremos la ocupación ilegal ni irregular en inmuebles fiscales. Por eso, no aceptaremos que el robo de áridos siga proliferando en el país”, dijo tajante el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, haciendo hincapié a la campaña “Suelo de Todos” que busca poner fin a la extracción ilegal de áridos.
Se realizó un trabajo en conjunto con distintos servicios como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Dirección General de Aguas (DGA), Medioambiente, Servicio de Impuestos Internos (SII) y las Municipalidades de los lugares fiscalizados, y también con el apoyo de Carabinero.
La primera empresa fiscalizada fue ‘Héctor Araya’, un particular que tiene su planta en el sector de Villa Alegre, a orillas del río Loncomilla, donde el mismo explicó que “estoy extrayendo material en lo que es mío, yo he solicitado desde abril la autorización de un pozo lastrero, y estoy sacando material de lo que está en mi propiedad, yo he estado pidiendo la autorización, pero no me la han dado. Llevo 10 años trabajando en áridos”, aseveró Araya.
En el lugar la DOH abrió un proceso de administración en función a una posible extracción no autorizada de agua.
También se fiscalizó “La Horca” otra planta de áridos ilegal, que se encuentra ubicada en la comuna de Villa Alegre, donde al llegar el equipo de fiscalización, se encontraba en evidente abandono de faenas, pero si claramente se podía observar que estaba en funcionamiento constante.
Y finalmente la empresa Buena Vista ubicada en el sector de San Javier cerca del río Maule, cuya planta estaba operando completamente al momento de ser fiscalizada.
Esta planta actualmente tiene la pertinencia, pero esto no es un permiso para realizar extracción de material, además no tienen un polígono autorizado en el cauce ya que la DOH no ha otorgado permisos. que se haya aprobado años atrás.
Para el seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, estas fiscalizaciones son muy importantes para la protección y preservación medioambiental de los cauces y su entorno.
“Recorrimos estas tres plantas y nos dimos cuenta que existe una evidente extracción de áridos ilegal, hay maquinaria y obviamente que todo este material termina en el comercio, para la ejecución de distintos tipos de obras. Es por esto que es de gran preocupación ya que según la DGA se han extraído más de 500 mil metros cúbicos de áridos, lo que representa a varios miles de millones de pesos. Se trata de un negocio muy lucrativo por lo tanto esto va a seguir si nosotros no fiscalizamos con mayor dureza. Este tipo de faenas causa un enorme daño ambiental, además produce efectos en la desviación de los cauces de los ríos”, aseveró Gómez.
En el lugar de las fiscalizaciones se tomó declaración a los trabajadores, quienes evidenciaron una vasta cadena que provee del material a importantes proyectos, por lo que se reiteró el llamado a las empresas a verificar la procedencia de las materias primas de sus proveedores, ya que de lo contrario también estarían siendo partícipes de un ilícito.
La campaña “suelo de todos” persigue en definitiva que nunca más estos particulares de manera inescrupulosa se aprovechen y lucren en su beneficio con lo que es un bien de todos los chilenos. También hay que destacar que esta práctica afecta los cauces de aguas y aumenta el riesgo de desastres naturales. Existe un proyecto de ley que espera fijar multas de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales, es decir casi 5 millones de pesos, para quienes infrinjan la ley, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
