El Plan de Fiscalizaciones 2019 se focalizará en el control de las enajenaciones con compromiso, los inmuebles con valor Patrimonial, los arriendos morosos, arriendos vigentes, inmuebles de libre disposición y, por supuesto “Operación Rescate”.
La “Operación Rescate”, que lanzó el ministro Felipe Ward durante el 2018, ha tirado el carro de las fiscalizaciones, que anualmente realiza Bienes Nacionales.
Es así como actualmente en la Región del Maule existen 153 propiedades de las cuales ser contabilizan un 30% de casos normalizados del 100% de la meta de este año.
Según el desglose regional se han recuperado 2 propiedades con fuerza pública; se han solicitado 11 desalojos; y 3 se recuperaron de forma voluntaria. Además en lo que va del año ya se han realizado más de 80 fiscalizaciones.
Para el seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, ha sido intenso el trabajo para cumplir con las metas que se autoimpuso el Ministerio desde que se lanzó la “Operación Rescate”.
“Es importante esta campaña porque nos permite recuperar inmuebles que se pueden destinar a distintas entidades públicas o privadas, tenemos más de 70 peticiones que requieren de inmueble fiscal y que lamentablemente no podemos satisfacer, porque estos están siendo ocupados ilegal o irregularmente por personas que lo hacen en beneficio propio. Tenemos varias solicitudes de desalojo pendiente, que de alguna forma vamos a empezar a ejecutar y otras que están en curso y en proceso”, aseveró Gómez.
Del mismo modo destacó que el Plan de Fiscalizaciones 2019 se focalizará en el control de las enajenaciones con compromiso, los inmuebles con valor Patrimonial, los arriendos morosos, arriendos vigentes, inmuebles de libre disposición y, por supuesto, “Operación Rescate”.
Finalmente la autoridad del ramo hizo hincapié que Bienes Nacionales presentará un proyecto de ley para agilizar los desalojos en el marco de “Operación Rescate”, el cual considera que los infractores sean multados con hasta el 8% del avalúo fiscal de la propiedad, multiplicado por los meses de ocupación del mismo.
“Esto para dar una señal de desincentivo en la ocupación de cualquier inmueble del Estado, ya que las deudas son altas y si no son canceladas podrían terminar en un embargo de los bienes del infractor”, puntualizó el seremi.
