Pese a que el terremoto que afectó a buena parte de la zona centro-sur del país fue en el año 2010, aún siguen las repercusiones del caso.
Y es que muchas personas que resultaron damnificadas, todavía siguen esperando por sus viviendas, pero otros, que ya las recibieron, no hicieron el uso debido de ellas.
Según información que publica el diario El Mercurio, más de un centenar de damnificados del 27-F deberán devolver sus casas, ya que no vivían ahí, sino que las arrendaban.
Esto luego que el ministerio de Vivienda realizó una fiscalización obligatoria a las viviendas entregadas a familias que perdieron las suyas con el fuerte sismo de 8,9 grados de magnitud en 2010 en las regiones del Maule (14) y Biobío (89).
La inspección que busca evitar el mal uso de recursos públicos que se invirtieron en viviendas de mayor metraje y mejor calidad de construcción, arrojó que éstos arredraron los inmuebles en vez de habitarlos como indicaba la cláusula del beneficio para el que eran entregados, y a la fecha, 14 familias de ambas regiones ya los han entregado.
La normativa del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), establece sanciones para evitar que los afectados por el sismo pongan en arriendo sus casas.
Según informa este domingo El Mercurio, en ambas regiones se concentra el grueso del trabajo de reconstrucción de inmuebles: 128 mil hogares de los 225 mil que la autoridad traspasó a damnificados terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Para el doctor en urbanismo e investigador del Centro de Desarrollo Urbano, Leonel Pérez, esto es la primera señal que esa práctica aumentará, ya que “muestra estos sectores son apetecidos. La segunda, probablemente, el recambio social por sectores de mayores ingresos que cuando se levante la prohibición del Serviu, comprarán estas viviendas”.
El académico de la Universidad de Concepción aseguró que este hecho puede generar fuertes tensiones en la comunidad, ya que los conjuntos habitacionales que recibieron son fruto de un largo proceso de postulaciones.
“Da impotencia que personas a quienes les entregaron casas después del terremoto estén usufructuando de ellas, mientras otras familias tenemos que vivir con goteras en el invierno”, aseguró Marta Chamorro, dirigenta del sector Vientos del Sur en Constitución (Maule), que benefició a 390 familias.
Para el director (s) del Serviu de Maule, Claudio Daneck, es “impresentable que atendiendo a la necesidad habitacional tras el 27-F haya habido casos de viviendas que no fueron ocupadas o se les dio un fin distinto”.
