La Iglesia Católica chilena se manifestó en contra del proyecto de ley que pretende poner fin al secreto de confesión, con el objetivo de que las autoridades religiosas estén obligadas a denunciar delitos contra menores o adultos vulnerables de los que tengan conocimiento.
Tras ser aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, ahora ingresó a la Comisión de Constitución del Senado la iniciativa que modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal para incluir a las autoridades religiosas entre las obligadas a llevar aquellos casos ante la Justicia.
La Conferencia Episcopal aseguró que apoya «todas las iniciativas que ayuden a hacer justicia sobre abusos» y sostuvo que «la obligatoriedad de denunciar parece razonable en todos los ámbitos donde hay presencia de menores, incluidos los «religiosos», de acuerdo con La Tercera.
Sin embargo, el punto que genera el rechazo de la iglesia chilena apunta a que el proyecto descartó, en su redacción, una indicación que proponía excluir de esa obligación los casos en que los religiosos tomen conocimiento de los delitos mediante una confesión.
El secretario general de la Conferencia, el obispo Fernando Ramos, consideró ese asunto como una «seria dificultad», porque -expuso- «el sigilo en la confesión para la iglesia universal es un sacramento y, por consiguiente, un acto de culto que está resguardado por la legislación chilena, específicamente por el Código Penal».
«Si un sacerdote viola el sigilo sacramental, recibe la grave pena de la excomunión», afirmó, fustigando también que «no hay legislación en el mundo que haya pasado a llevar este principio».
En el mismo sentido, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, si bien subrayó que «es positivo lo que pretende el proyecto», planteó que «hay que salvaguardar siempre la creencia y la conciencia de las personas, que es uno de los derechos humanos fundamentales».
El secreto de confesión es «inviolable» y «no se puede vulnerar la conciencia de la persona que frente a Dios manifiesta sus pecados», sentenció el administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales.
