Juzgado de Garantía de Curicó condenó a Daniel Fuentes Garrido, a cumplir 81 horas de prestación de servicios a la comunidad, luego de comprobarse su autoría en el delito de amenazas en grado de consumado, cuando intentó agredir y amenazó a una funcionaria orientadora del Servicio de Urgencias del Hospital de Curicó, durante el turno del 21 de octubre del año pasado.
Según el dictamen, tras informarle al imputado las restricciones de visitas al centro asistencial, “se ofuscó y procedió a insultar a la víctima, señalándole que era una piojenta, posteriormente la amenaza seria y verosímilmente, diciéndole que la esperaría a la salida para agredirla”. El fallo indica que el acusado traspasó la ventanilla de atención con la mitad de su cuerpo con claras intenciones de agredirla, situación que no ocurrió gracias a que compañeros de trabajo y carabineros acudieron a socorrerla.
La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Curicó, Karina Valenzuela, señaló que este dictamen “fue una muy buena medida dado que hoy día nos estamos enfrentando a muchos problemas, con respecto a la atención de salud sobre todo en emergencia”, indicó. La representante de los funcionarios agregó que el respeto entre el personal y paciente debe mantenerse siempre. “El respeto mutuo es muy importante. Se puede llegar a conversar situaciones que afectan muchas veces al usuario dado la espera y las falencias que existen en la salud”, dijo.
La sentencia de trabajos comunitarios fue una rebaja de la condena inicial, cuya pena privaría al imputado de libertad con 61 días de presidio menor en su grado mínimo.
Este hecho no parece aislado en el contexto local y nacional, ya que en este mismo centro de salud y en algunos consultorios de Curicó se han constatado episodios de agresiones verbales y físicas, que tensionan el sistema de salud y ponen en riesgo la seguridad de los funcionarios y la atención de los pacientes.
Frente a esta problemática, la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley que protege de agresiones a funcionarios de salud y educación. En concreto, la propuesta pretende castigar al que hiera, golpee o maltrate a funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Las penas irían desde la prestación de servicios a la comunidad hasta los 15 años de cárcel, dependiendo de la gravedad y consecuencias de las agresiones.
