Gran interés causó el encuentro liderado por la Superintendencia de Educación (Supereduc) Región del Maule con encargados de convivencia del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) Talca, referido a los orientaciones sobre reglamento interno.
En la jornada profesionales de la unidad de Comunicaciones y Denuncias de Supereduc, instruyeron a los representantes de 48 establecimientos de la capital regional sobre los contenidos mínimos que debe tener la publicación y que de acuerdo con la circular normativa emitida desde la institución, incorpora como nuevas temáticas protocolos de acción y prevención ante agresiones sexuales y situaciones relacionadas con drogas y alcohol.
“Estamos ayudando a los establecimientos a cumplir de mejor manera la normativa educacional, a orientarlos en aquellas materias que son complejas de abordar y a generar conciencia en los estudiantes, padres y apoderados de la importancia de conocer los derechos y deberes establecidos en los reglamentos internos”, indicó la directora regional (s) de Supereduc, Carolina Araya.
Sobre convivencia escolar se destacó que los protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar deben incorporar los hechos producidos a través de medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, entre otros. Igualmente, se sugirió considerar acciones que fomenten la salud mental y la prevención de conductas suicidas o auto-lesivas entre los estudiantes.
REGLAMENTO INTERNO
Este instrumento es elaborado por los miembros de la comunidad educativa de acuerdo con los valores expresados en el proyecto educativo. Regula temáticas referidas a los procesos de admisión; uso del uniforme escolar; seguridad; gestión pedagógica y convivencia escolar.
Entre las funciones de la Superintendencia de Educación está el orientar e informar a la comunidad sobre la normativa educacional vigente, también dar a conocer los mecanismos disponibles en la institución para resolver consultas, solicitar mediaciones y atender denuncias o reclamos antes hechos que vulneren los derechos de estudiantes, docentes o asistentes de la educación.
