La Coordinadora Nacional de Atención en VIH/Sida interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices; y la subsecretaria de Salud Pública Paula, Daza, exigiendo la detención inmediata de la emisión de la campaña de comunicación social en VIH-Sida el “Comercial que salva vidas”, lanzado oficialmente el pasado 2 de septiembre.
Según la ONG maulina el Ministerio de Salud no puede garantizar la disponibilidad del dispositivo para la detección del VIH-Sida en los centros de salud, ofrecidos mediante la campaña de comunicación social, lo que pone en entredicho toda la política sanitaria, por cuanto, desvirtúa y relativiza, la obligación del Estado de garantizar la salud de la población y la vida de los ciudadanos.
En este entendido, la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, le recuerda a la Corte que “la obligación del Ministerio de Salud, no solo se limita a publicitar la existencia de métodos de diagnóstico, sino que debe garantizar que estos se encuentren disponibles,”…. “la no existencia material y física de los test rápidos para la detección del VIH, en la red pública de salud, implica necesariamente una irresponsabilidad y negligencia, además, es un abandono de los deberes que la ley sanitaria mandata a dicha Secretaria de Estado”, sostiene el documento ingresado al máximo tribunal regional.
La agrupación agrega que en “la protección del derecho a la vida no sólo importa la obligación general de omitir actos atentatorios contra la misma, sino que, además, comprende un deber de velar porque dicha vida pueda desarrollarse bajo el amparo del Estado, lo que implica la obligación general para todos los sujetos de no atentar contra la vida de otros o dicho de otra forma, se genera la obligación específica y concreta de la autoridad de velar positiva y activamente por el normal y pleno desarrollo de la misma. El incumplimiento de estas obligaciones por parte, del Ministerio de Salud, en el ámbito de la infección por VIH, causa una omisión culposa, ya que contraviene el deber de garantizar la provisión de información, educación y apoyo adecuados a la ciudadanía”, enfatiza en el documento.
Añade que “la campaña de comunicación social en VIH-Sida, ‘el comercial que salva vidas’ presentada en los principales medios de comunicación social del país, genera falsas expectativas en la comunidad”, por lo cual solicitan a la corte que “en el caso que el Estado sea incapaz de suministrar los dispositivos médicos necesarios para brindar la prestación médica ofrecida, corresponde que la autoridad de salud, paralice las campañas de promoción por no dar cumplimiento al mandato especifico que la constitución y en el caso específico la ley imponen al Ministerio de Salud”, puntualiza el recurso.
INVIABLE
Según el secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de atención en VIH-Sida, Michael Díaz, la presentación de esta acción judicial tiene por fin resguardar y garantizar el derecho de las personas a conocer su condición de VIH.
“A mi juicio la autoridad de salud ha actuado de forma irresponsable y poco seria al promocionar una campaña, cuando no están las condiciones mínimas para garantizar que las personas reciban un servicio de salud, lo que demuestra el desacierto y el fracaso comunicacional de una estrategia diseñada a espaldas de las comunidades afectadas”, dijo.
El activista agregó: “Hemos consultado a las 30 municipalidades de la Región del Maule sobre la disponibilidad del test rápido ofrecido por el Ministerio de Salud, y la respuesta es preocupante. No están las condiciones, lo que nos genera más dudas que certezas respecto a la capacidad que tiene la autoridad de enfrentar el tema del VIH. Es evidente que una estrategia de marketing improvisada, no es la solución que espera la ciudadanía, tomando en cuenta las alarmantes cifras de personas infectadas con el VIH”, enfatizó Díaz.
“Por nuestra experiencia en la salud pública, creemos que esta medida afectará negativamente la percepción de la comunidad sobre las políticas preventivas del VIH, lo que es grave para los jóvenes, mujeres, pueblos originarios, transgéneras y población homo-bisexual, personas que se ven expuestas a información poca asertiva y correcta sobre cómo prevenir la enfermedad. Por ello es inviable continuar con esta estrategia comunicacional, mientras el Ministerio de Salud no garantice a la población que los test rápidos efectivamente se encuentren disponibles en los centros de salud del país”, finalizó el secretario Ejecutivo de la ONG maulina, Michael Díaz.
