Los diputados del PPD Ricardo Celis, Andrea Parra, Carolina Marzán, Loreto Carvajal, Rodrigo González y Tucapel Jiménez, junto a René Alinco (IND) presentaron un Proyecto de Ley que modifica el Estatuto Administrativo, estableciendo la presunción de la existencia de un contrato de trabajo a quienes cumplan funciones a honorarios en la administración del Estado.
“Nuestro país ostenta niveles importantes de informalidad en los contratos de trabajo, que responde principalmente al intento permanente de abaratamiento de costos por parte del empleador, siendo el contrato a honorarios la herramienta jurídica más utilizada. Sin ir más lejos, más de 300.000 trabajadores tienen contratos a honorarios en la Administración del Estado, lo cual transforma al Estado como el receptor de servicios personales más grande del país”, aseguró el Jefe de la Bancada PPD, Ricardo Celis.
El parlamentario explicó que “el contrato de prestación de servicios por el cual se pagan honorarios, es sólo un mecanismo que permite a la Administración contar con la asesoría de especialistas, profesionales y personal en general, en determinadas materias, pero que deben siempre tener un carácter ocasional, específico, puntual y no habitual, pero muchas veces esto se incumple sin consecuencia jurídica alguna”.
Por su parte, el subjefe de la Bancada y miembro de la Comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez, indicó que “hoy no existen incentivos suficientes para que tanto los empleadores como la Administración del Estado cumplan con la ley laboral, en lo que respecta al reconocimiento de una relación jurídica contractual de carácter especial como es el contrato de trabajo, y a su contenido mínimo”.
“Frente a esta situación, este proyecto de ley busca que los y las trabajadoras de la Administración del Estado que cumplen funciones de carácter permanente, bajo un vínculo de subordinación y dependencia, cumpliendo una jornada de trabajo ordinaria y que reciben una remuneración mensual por concepto de la prestación de servicios personales, sean tratados jurídicamente y en los hechos, en su calidad de trabajadores con todo lo que ello lleva aparejado”, afirmó el diputado Jiménez.
En ese sentido, la diputada Andrea Parra manifestó que “esta iniciativa permitirá que cuando un trabajador que tenga contrato a honorarios desee demandar a su empleador, quede claramente estipulado que el contrato celebrado entre las partes fue un contrato de trabajo, al reconocer la existencia de una relación laboral”.
La diputada Parra indicó que “el Estado debe dar las garantías mínimas e irrenunciables a sus trabajadores, y esta iniciativa apunta a ello”.